El PP prepara ya la expulsión de Antoni Pastor después de que el diputado conservador rompiera ayer la disciplina de voto en el Parlament y se alineara con las tesis de la oposición en el debate de la ley por la que el catalán dejará de ser un requisito para acceder a la Administración. Ayer no se aprobó la ley, era un trámite que permite que el texto se debata en el Parlament, pero Pastor votó en contra del PP, cuyos 34 votos bastaron para rechazar las dos enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición.
El PP prepara la expulsión y además quiere que sea rápida. El president del Govern, José Ramón Bauzá, no quiso valorar la actitud del diputado díscolo. «Ha votado en contra», se limitó a señalar, para después añadir que el comité de derechos y garantías se reunirá «para hacer un informe». La reunión, de hecho, será esta misma semana.
El comité de derechos y garantías todavía no se ha renovado tras el congreso, por lo que sigue estando presidido por Antonio Deudero y de él forman parte además Felip Amengual, Carlos Veramendi, Joan Albertí, Montserrat Ramis, Miquel Santandreu, Lluís Clar, Pedro Rosselló y Ana María Vidal.
La sanción
Ellos decidirán qué sanción se impone, que puede llegar a la expulsión del partido. También pueden acordar una suspensión cautelar de militancia mientras se resuelve el expediente, que tendría efectividad inmediata, pero que debe ser ratificada por el comité nacional de derechos y garantías.
La presidenta del Grup Parlamentari Popular, Mabel Cabrer, fue, además del president, la única voz autorizada del PP que ayer habló en nombre del partido. «Nos debemos a una colectividad y no a un proyecto personal y, si no está de acuerdo con este proyecto colectivo, debería plantearse si deja el acta de diputado». Cabrer dio una pista de por dónde van las intenciones de los populares. El PP prefiere que sea Pastor quien abandone el partido, el escaño y la Alcaldía de Manacor y, si no lo hace tras haber roto la disciplina, se decidirá la expulsión tal y como fijan los estatutos del partido.
La decisión de Pastor de desmarcarse del PP eclipsó el propio debate celebrado ayer en el Parlament, al que acudió numeroso público. Un amplio número de cargos del PP, entre ellos varios alcaldes y el delegado del Gobierno, José María Rodríguez, estuvieron presentes en el pleno para dar su apoyo a la línea oficial del partido. Ex cargos del PP como Cristòfol Soler y Joan Huguet fueron, por el contrario, en apoyo a Pastor. También lo hicieron los líderes de la Lliga, Jaume Font, y de CxI, Josep Melià, que destacaron su «valentía». La OCB y Esquerra Republicana felicitaron a Pastor.
El conseller d'Administracions Públiques, Simó Gornés, de quien dependen las modificaciones del texto, aseguró que los cambios garantizan la libre elección de lengua entre los ciudadanos de las Islas en sus relaciones con la Administración y recalcó que, en determinados puestos, el catalán seguirá siendo un requisito. Afirmó que está propuesta estaba recogida en el programa electoral del PP y permitirá que las personas mejor preparadas accedan a los mejores puestos.
Como era de esperar, la oposición no lo vio de igual manera y denunció la ruptura del consenso conseguido en materia lingüística en 1986. Francina Armengol (PSIB) interpeló directamente al president Bauzá y le recriminó que, en lugar de dedicar sus esfuerzos a resolver la crisis económica, los dedique a hacer un «genocidio» contra la lengua. Denunció la «obsesión enfermiza» del president contra el catalán y dijo que le molesta presidir una comunidad con lengua propia.
Nel Martí (PSM-IV) , denunció el ataque frontal del PP contra el catalán y alertó de que quiere que el castellano sea la lengua preferente. «Una lengua que no es necesaria es una lengua de segunda», dijo.
Fernando Rubio, en nombre del PP, defendió la ley y aseguró que la lengua no debe ser un «obstáculo» en las relaciones con la Administración.