El diputado socialista Joan Boned explicó ayer que el PSOE está estudiando detenidamente la nueva normativa urbanística, también conocida como 'ley Company', para ver si es «inconstitucional» y decidir si presentan un recurso contra ella. Este anuncio se produce después de que el Gobierno central haya advertido al Govern balear de que algunos artículos de la ley son inconstitucionales, como por ejemplo el hecho de no obligar reservar la cesión del 30% del suelo para vivienda de protección oficial (VPO) o eximir de informe de impacto ambiental si en dos meses la Administración no ha respondido.
Boned cree que el Govern, con el «argumento de la crisis» y el «ansia de recortes» ha querido «recuperar la construcción donde sea y sin tener en cuenta la protección paisajística y el medio ambiente». «Con este argumento de que la crisis lo justifica todo se tiran a la piscina sin saber si hay agua y a veces se precipitan y aprueban normativas que tienen que ser rectificadas a posteriori por esta obsesión de la recuperación del ladrillo como motor de la economía», indicó el diputado socialista.
El conseller insular de Territori, Mariano Juan, remarcó que se trata de un informe de Abogacía del Estado sobre el decreto, no sobre la ley. «Si hay alguna cosa que se les haya pasado por alto hay que cambiarlo, si se tiene que hacer se tiene que hacer», indicó Juan, que aclaró que en este asunto el Consell es un «observador más» porque la ley se ha hecho desde el Govern. De hecho, recordó que ellos presentaron alegaciones y no se les aceptaron todas.
El grupo ecologista GEN recordó ayer que ya advirtieron de la posible inconstitucionalidad del texto y aseguraron que hay más disposiciones que vulneran la Carta Magna. Los ecologistas ya pidieron en su día a los partidos mayoritarios de la oposición que presentaran un recurso de insconstitucionalidad y ahora lo volverán a hacer formalmente. Este recurso solo lo puede presentar el Estado o un determinado número de diputados del Congreso. «Las filas de la oposición se limitan, como ya pasó con el ilegal Plan Territorial de Eivissa, a llenarse la boca manifestando el desacuerdo, pero en la práctica no hacen el más mínimo esfuerzo para evitar normas que atentan escandalosamente contra el territorio», indicó el GEN, que cree que la ley afecta especialmente a un lugar reducido como Eivissa, sometido a una «enorme presión humana».