La providencia remitida al Consell de Formentera del 6 de junio de 2012 por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 insta a la máxima institución a que en la «próxima Comisión de Gobierno se proceda a la aprobación del proyecto de demolición y a la adjudicación mediante contratación urgente de las obras de demolición con otorgamiento de la licencia correspondiente para el inicio de dichos trabajos». Según el conseller de Presidència, Hisenda i Territori, Bartomeu Escandell, todos estos pasos ya se han llevado a cabo, aunque apuntó que no se podrán realizarse antes del día 15 de octubre, tal y como reclama el Juzgado, debido a la prohibición de hacer obras en núcleos urbanos en periodo estival.
De esta forma, y según el despacho Gómez Ferrer Advocats, en la misma providencia se señala que en caso de no seguir los pasos correspondientes para ejecutar la sentencia de febrero de 2009, que instaba a demoler el centro comercial y declaraba que se volviese a la realidad anterior a la ejecución de las obras, es decir, demoler el centro comercial que se construyó amparándose en licencias que han sido declaradas nulas, se impondrán «multas coercitivas en el supuesto de actuaciones que dilaten la ejecución». En este caso se hace responsable al actual conseller Bartomeu Escandell.
Escandell, por su parte, explicó que se están siguiendo todos los pasos reclamados desde el Juzgado de lo Contencioso y apuntó que desde el Consell se ha hecho «todo el trabajo que tenía que hacer estos años para intentar no llegar a este extremo». En cuanto al coste del proyecto de la demolición, más de 185.000 euros, Escandell indicó que se ha hecho una «reserva de dinero para ejecutar estas obras, lo que supondrá quitar partidas de otros sitios». Aún así, señaló que son remanentes y que, en principio, no supondrá eliminar ningún proyecto previsto.
Desde el Consell apuntaron que la propiedad, en principio, no tiene que pagar la demolición, «otra cosa será la responsabilidad patrimonial, de eso ya hablaremos».
Aún así, desde el despacho de abogados apuntaron que la alegría por esta resolución es «relativa» ya que posteriormente con la modificación de las normas subsidiarias y el decreto referente a la ley de patrimonio el solar de Ca ses Castellones queda fuera de toda protección, «por lo que lo que no se consiguió con unas licencias que fueron declaradas nulas se está intentando conseguir actualmente con una modificación legislativa».