El exparlamentario 'popular' y actual diputado no adscrito Antoni Pastor ha considerado este martes que el «espíritu del legislador» que el Govern tiene con la modificación de la Ley de Función Pública es «eliminar el derecho de los ciudadanos» de hacer uso de la lengua catalana en sus relaciones con los ayuntamientos de Balears.
Durante una pregunta parlamentaria, Pastor ha recordado que «muchos» consistorios de las islas han aprobado mociones detallando que ellos sí que pedirán el requisito del catalán en el acceso a la administración local, después de que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, afirmase que serían los ayuntamientos «los que decidirían» en última instancia «si aplicar la ley y dónde la aplicaban».
Por ello, ha preguntado al Ejecutivo balear si cree que estas mociones de los ayuntamientos son legales o no, a lo que el conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha contestado que el Govern «considera legítimas todas las acciones que promuevan los ayuntamientos, porque entendemos que se realizan de acuerdo al reglamento interno. Otra cosa es el contenido que se debe analizar, si se ajusta a la legalidad», ha añadido.
Así, Pastor ha pedido al conseller que «sea más claro» puesto que, según ha dicho, la directora general Nuria Riera ha enviado misivas a algunos consistorios «diciendo que las mociones son ilegales» y Gornés otra asegurando que se ha convocado de forma ilegal una plaza de arquitecto cuando este profesional, según el diputado no adscrito, atiende al público.
Gornés ha explicado que existen diferencias entre las mociones presentadas por los ayuntamientos, de manera que algunas son legales, como la aprobada en Manacor. «La de usted es perfectamente legal a diferencia de otras que no lo son», ha añadido.
Además, Gornés ha considerado que la normativa es «perfectamente clara» en relación al requisito del catalán. «Mantener el requisito sólo se puede hacer si está justificado en todas las plazas del ayuntamiento, ya sea porque se trata de excepciones que contempla la ley o porque se tenga que justificar debidamente cada una de esas plazas».