El Govern balear se ha adherido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda para que resuelva los recursos en materia de contratación que se interpongan contra la comunidad, con lo que el ejecutivo autonómico evita tener que crear un organismo específico para dirimirlos.
El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha firmado un convenio con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sea el encargado de resolver los recursos en materia de contratación que se interpongan en contra de la comunidad, ha informado el Govern en un comunicado.
El convenio otorga la competencia para tramitar y resolver también solicitudes de medidas provisionales y cuestiones de nulidad.
El Govern ha informado en su nota de que es obligatorio disponer de un órgano que vele por la correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público es obligatorio.
El ejecutivo ha optado por adherirse a este órgano de carácter estatal en lugar de crear un tribunal propio a la comunidad, para evitar tener que hacer el gasto económico que ello supondría. «Se ha considerado que, dada la situación económica, esta solución actualmente es la más adecuada», señala la nota.
En virtud de este convenio, el mismo tribunal que resuelve los recursos de la Administración del Estado, resolverá los de las Islas.
Entre otros, este Tribunal resolverá los recursos especiales en materia de contratación que se interpongan contra los anuncios de licitación, los pliegos y los actos de adjudicación de los contratos que realicen los órganos de contratación de la Administración autonómica, de las corporaciones locales y de los entes del sector público instrumental, tanto autonómico como local.
Este convenio se ha firmado en virtud de lo previsto en el artículo 41.3 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, que prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas creen un órgano independiente o atribuyan la competencia para resolver los recursos al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El convenio tendrá una vigencia de tres años a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.