El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, negó ayer que la Fiscalía se haya visto urgida por parte de la Casa Real a negociar por sentido de Estado en el ‘caso Nóos' y confirmó que los fiscales anticorrupción de Balears no negociarán ningún pacto de conformidad con los imputados, entre ellos Iñaki Urdangarin y Diego Torres.
«Los hechos están claros y las pruebas son más que suficientes para poder llevar el caso a juicio», dijo Torres-Dulce a Antena 3.
El fiscal general del Estado rechazó de plano haber recibido alguna presión o petición por parte del rey Juan Carlos sobre la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro.
«Lo que más puede dañar la imagen de la Corona es que puedan existir sospechas de que se negocia lo que no se debe negociar. Por lo tanto, ninguna actividad digamos extravagante, a la actividad propiamente procesal va a llevar a la Fiscalía a negociar en modo alguno dicha situación», subrayó.
Vista oral
Dijo, asimismo, que cree que en «un máximo de un año» se celebrará la vista oral del juicio del ‘caso Nóos'. «Por las informaciones que estoy manejando creo que estamos entrando en la recta final de la investigación, que queda poco tiempo para concluirla, que se abrirá la fase intermedia en la que las partes calificaremos los hechos y después será la Audiencia de Palma la que señale vista para el proceso correspondiente», indicó.
Con respecto a una posible fecha de celebración del juicio oral, Torres-Dulce dijo que de aquí a un año vista se debería estar en esa fase, aunque la previsión dependerá de «cómo puede influir en la causa con una posible deriva a una imputación por un delito fiscal», precisó.
Por otra parte, los imputados del ‘caso Nóos' podrán, si así lo estiman oportuno, presentar alegaciones a la fianza civil de 8,2 millones de euros solicitada en el marco de esta causa hasta las 15.00 horas de hoy, momento a partir del cual ya no serán admitidas. La caución, dirigida a asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de este proceso, fue solicitada el pasado mes de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y las empresas administradas por ambos, según informó Europa Press.
Medida cautelar
A partir del momento en que los interesados hayan presentado sus alegaciones, el juez instructor de las investigaciones decidirá si acuerda imponer esta medida cautelar y, en ese caso, en qué cuantía.
Así, en caso de ser finalmente decretada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, a la misma deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.