El concejal de Fiestas y Juventud de Sant Antoni, José Antonio Llampat, está imputado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores ocurrido en junio de 2007, según ha podido saber este periódico. De esta manera, el regidor, protagonista en las últimas semanas por el conflicto que lo enfrentó a los agentes de la Policía Local, y la alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, incumplirían el código ético impulsado por el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá.
Entre las prescripciones se establecía la imposibilidad de incluir en las listas electorales a imputados. Además, señala que una persona imputada debe poner su cargo a disposición del partido y en el caso de existir medidas cautelares debe abandonar de forma inmediata su cargo público.