La presidenta de la Federación de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Eivissa, Conchi Romero, pidió ayer que «haya servicios mínimos y que los niños que vayan al colegio estén bien atendidos». Hoy está prevista la primera jornada de huelga de docentes e este mes, la siguiente será el día 20, que ha sido convocada por STEI-i, UGT, Anpe y Comisiones Obreras, organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial de educación , por los recortes en educación. La FAPA se suma a la jornada de protesta de hoy en horas no lectivas. «Entendemos la postura de los profesores y les damos su apoyo en las jornadas de protesta en horas no lectivas», dijo ayer Romero en alusión a la manifestación de protesta convocada el día 20 a las 18 horas.
Los padres respaldan las reivindicaciones de los docentes ya que «las políticas educativas del Govern está llevando nuestro sistema educativo a una situación insostenible para una educación de calidad de nuestros hijos».
Ante la convocatoria de la huelga, la Conselleria d'Educació del Govern ha establecido como servicios mínimos que el director y el secretario del centro educativo, con independencia de las enseñanzas que se impartan, han de garantizar que el centro educativo esté abierto durante toda la jornada escolar y que el personal docente que no esté afectado por la huelga realice su actividad docente.
Pere Lomas, del STEI-i, explicaba ayer que esta huelga es «necesaria, útil y con voluntad de cambiar la dinámica». A lo largo de la jornada de ayer, los sindicatos estuvieron recibiendo llamadas de docentes acerca de este paro aunque no se puede determinar aún la incidencia de esta primera jornada de huelga. «Estamos recibiendo un montón de llamadas y la gente tiene que tomar decisiones», añadió Lomas.
Los docentes piden la retirada de anteproyectos de ley autonómicos como la ley de símbolos y la ley de convivencia y autoridad del profesorado «por su contenido represivo y atentatorio de la libertad de expresión y cátedras», así como el decreto de tratamiento de lenguas. También expresó su desacuerdo con el anteproyecto de la LOMCE por el tratamiento de la lengua catalana y las competencias educativas.