Médicos del Mundo ha señalado este jueves que el Govern balear reconoció que existían «errores» en la aplicación del Real decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y ha destacado que se comprometió además a subsanarlos «en un plazo breve de tiempo».
Médicos del Mundo, Aministía Internacional, el Ilustre Colegio de Abogados, Prosocial y EAPN-Illes Balears - Xarxa per a la Inclusió Social mantuvieron una reunión el pasado miércoles con el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y con el conseller de Salud, Familia y Bienestar Social, Martí Sansaloni.
Las entidades mostraron su preocupación por el «grave riesgo que podría suponer para algunas personas perder el derecho a la atención sanitaria en el Ibsalut», según ha explicado Médicos del Mundo en un comunicado, en el que ha añadido los acuerdos alcanzados durante el encuentro «para corregir determinadas prácticas no conformes con la legislación».
En ese sentido, Médicos del Mundo ha asegurado que el Ejecutivo autonómico reconoció «funcionamientos inadecuados» en la aplicación de la normativa vigente y, en esa línea, ha apuntado que no deben ser emitidas facturas a personas embarazadas, menores y enfermos que acudan por urgencias a cualquier Centro de Salud Público.
De la misma forma, las entidades solicitaron un régimen sancionador por el incumplimiento de la normativa actual.
El Govern se comprometió a corregir las prácticas del Hospital de Inca y la cartelería colgada en centros de Ibiza en relación a la emisión de facturas indebidas y procedimiento de cobro de urgencias, según ha subrayado Médicos del Mundo.
En la reunión, se acordó además establecer un procedimiento que permita la asistencia y apertura de Historia Clínica a las personas enfermas incluidas en las excepciones del RD 16/2012, así como enviar un documento escrito recordatorio que recoja estos aspectos para mejorar la labor de los profesionales.
Las entidades expresaron también su preocupación por la ausencia de acceso a los sistemas públicos de salud de la población en situación de exclusión, así como su acceso a la medicación prescrita, por lo que le transmitieron al Govern que «supone una vulneración de los estándares internacionales».