Un problema técnico ha retrasado más de una hora el comienzo del juicio por el llamado caso Scala, en el que hay 18 acusados que se enfrentan a penas que suman 114 años de cárcel por el presunto desvío de 8,27 millones del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) en la legislatura 2003-2007.
Una incidencia relacionada con el sistema de audio de la sala primera de la Audiencia de Palma es el motivo que ha provocado una dilación de más de una hora en el arranque de este juicio, que estaba previsto para las 9.30 horas y casi a las 11.00 no había comenzado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Este juicio por corrupción, cuya imagen está ligada al hallazgo durante un registro de una lata de Cola-Cao enterrada que ocultaba 360.000 euros de presunto dinero malversado, sentará 18 acusados en el banquillo, entre ellos el exconseller de Comercio, Industria y Energía entre 2003 y 2007, Josep Juan Cardona.
Penas
La Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 114,5 años y multas de 19 millones de euros para los acusados, a los que atribuye el expolio de 8,27 millones de euros entre los fondos públicos saqueados, los sobrecostes de contratos amañados y las comisiones cobradas.
Cardona se enfrenta a 21 años de cárcel y multa de 7,5 millones de euros por siete delitos de corrupción como promotor y director de una trama orquestada en torno al CDEIB para apropiarse durante 4 años de fondos públicos mediante un saqueo sistemático, según figura en el escrito de acusación del ministerio público, de más de 400 páginas.
De los mismos delitos que el exconseller -asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación y falsedad documental por funcionario y en documento mercantil, así como fraude a la administración- está acusado también el ex director general de Promoción Industrial en la legislatura 2003-07, Joseph Kurt Viaene, «mano derecha» del exconseller, que se enfrenta a una petición de pena de 20 años y la misma multa.
La tercera principal acusada es la exdirectora del CDEIB, Antonia Ordinas, en cuyo domicilio se halló la famosa lata de Cola-Cao durante un registro.
De los 18 encausados, 15 han colaborado con la investigación y han alcanzado acuerdos de conformidad.