El juez del caso Nóos, José Castro, ha solicitado a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en un auto dictado hoy en el que acepta esta solicitud formulada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.
En el auto, el magistrado libra oficio a la Agencia Tributaria para solicitar esta información que había pedido Manos Limpias como prueba para incorporarla a la investigación, han informado fuentes jurídicas.
En la misma resolución, el juez de instrucción número 3 de Palma eleva a la Audiencia Provincial numerosos testimonios que están en la causa y que se mencionan en el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto en el que el magistrado imputó a la infanta Cristina en el caso Nóos.
Elevar estos testimonios es un trámite previo al traslado del recurso de la Fiscalía a la Audiencia Provincial, que tendrá lugar en los próximos días, para que decida si debe ser imputada o no y citada para prestar declaración.
Cuando traslade el recurso en el que la Fiscalía pide a la Audiencia que revoque la imputación de la infanta, el juez remitirá también los escritos de adhesión al mismo que presentaron la Abogacía del Estado (acusación particular) y la defensa de la infanta Cristina, así como el de oposición de Manos Limpias.
Tanto en el recurso de la Fiscalía como en los escritos aparecen mencionados varios testimonios de imputados y otros documentos que están en el sumario, como informes de la defensa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y algunos correos electrónicos, que deberán ser remitidos a la Audiencia de Palma.
En el auto de hoy, el juez da por recibida también la solicitud del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, el PSPV-PSOE, de personarse como acusación particular en esta causa, una petición sobre la que deberá decidir próximamente.
El grupo socialista ha registrado esta mañana el escrito en el juzgado de Instrucción número 3, en el que pide personarse como acusación particular colectiva, y si no es aceptada esta solicitud, como acusación popular.
Los concejales del PSPV-PSOE se consideran «agraviados o perjudicados» por varios de los presuntos delitos contra las Administraciones Públicas que se investigan en esta causa y piden ser parte en la causa «como representantes de la soberanía popular y legalmente legitimados para controlar y participar en la gestión del Ayuntamiento de Valencia».
Señalan en su escrito que en esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos mediante los convenios firmados durante tres años consecutivos entre esa institución y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA).