La defensa de Iñaki Urdangarin se opone a la petición del juez del caso Nóos de las diez últimas declaraciones de renta del duque de Palma porque considera que corresponde a una instrucción «prospectiva e indiscriminada» hecha para «ver qué sale», sin basarse en indicios previos.
El abogado Mario Pascual Vives interpuso la semana pasada un recurso contra el auto del juez José Castro que solicitaba las diez últimas declaraciones de la renta de los duques de Palma y pidió que esta diligencia quede sin efecto hasta que el magistrado decida sobre esta impugnación.
El sindicato Manos Limpias, acusación popular en la causa, reclamó las declaraciones de la renta de Urdangarin y la infanta Cristina para comprobar si en ellas figuran las firmas de ambos cónyuges y por tanto existe «un conocimiento recíproco de las 'actividades económicas'» por parte de los dos.
El abogado de Urdangarin alega al respecto que los duques de Palma hacen tributaciones separadas porque tienen régimen matrimonial de separación de bienes y cada uno «firma y efectúa su propia declaración».
En el caso de Urdangarin, añade, las elaboraban sus asesores Marco, Luis y Miguel Tejeiro, residentes en Barcelona, mientras que el asesor fiscal de la infanta tiene sede en Madrid.
Según Pascual Vives, las declaraciones de renta de 2007 y 2008 de Urdangarin ya figuran en la causa porque la Agencia Tributaria las inspeccionó; las de 2002 a 2006 corresponden a ejercicios fiscales tributaria y penalmente prescritos, y la de 2012 está pendiente de presentación.
En relación a las declaraciones de IRPF de 2009 a 2011, Pascual Vives considera que solo podrían ser investigadas «a efectos tributarios, sin trascendencia penal», porque no guardan relación con los hechos que se investigan en esta causa que indaga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió Urdangarin entre 2003 y 2006.
El abogado acusa al juez de llevar a cabo una «instrucción prospectiva» hacia Urdangarin, en la que a medida que va avanzando el tiempo, «va añadiendo nuevos hechos», algo que ya alegó en otros recursos anteriores planteados en julio y septiembre de 2012 contra otras diligencias del juez Castro.
«La instrucción no puede ser prospectiva e indiscriminada en un intento de 'a ver qué sale'», afirma en su escrito Pascual Vives, que añade que el proceso de instrucción «no es un pretexto para dar carta de naturaleza a toda clase de pesquisas indeterminadas sobre extremos que no arrojan ningún viso de verosimilitud ni se ven previamente apoyados por algún dato indiciario».
El abogado insiste en que considera que no es lícito «ensayar diversas vías por las que buscar si se pueden ampliar las imputaciones», a través de diligencias en la instrucción penal.
Critica además que el juez aceptara «ipso-facto» la petición de la acusación popular de reclamar las declaraciones de renta de los duques de Palma sin dar traslado antes a las demás partes personadas en la causa, de manera que la única opción para oponerse a esa solicitud es mediante recursos de reforma o apelación, que no suspenden la actuación del juez.
El abogado de la infanta Cristina también recurrió la semana pasada esta decisión del juez y alegó que no hay indicios de criminalidad contra ella que justifiquen «tal injerencia en su intimidad».EFE