El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dado la razón al Govern balear en una expropiación que hizo con motivo de las obras de la carretera de Sant Antoni. La sociedad Cas Mut SL reclamaba 3,1 millones en concepto de responsabilidad patrimonial por considerar que la expropiación de la finca, de 3.000 m2, se había hecho sin suscribir acta previa a la ocupación y sin pagar depósito.
La sociedad pedía que el Govern abonara el justiprecio de expropiación, más un 5% del valor de afección y el pago de una indemnización del 25% por haber incurrido en vía de hecho.
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Govern aprobó el proyecto de desdoblamiento de la vía. Entonces esta finca se incluyó como terreno de propiedad desconocido y el acta previa se extendió el 6 de octubre de ese mismo año. Meses más tarde, en febrero de 2006, se presentó un escrito en el que se hacía constar que uno de los propietarios era Cas Mut SL, por lo que en 2008 se le citó para iniciar la tramitación del justiprecio. Entonces, la Administración propuso pagar 83.100 euros por los metros expropiados y por 10 algarrobos.