El Ministerio de Fomento investigará cómo han aplicado durante los últimos cuatro años las compañías aéreas la bonificación al transporte de la que se benefician los residentes en Canarias, Balears y Ceuta y Melilla, al apreciar indicios de que se han empleado «prácticas indebidas».
En un escrito remitido a 16 compañías aéreas, al que ha tenido acceso Efe, la Dirección General de Aviación Civil les requiere la documentación necesaria para acreditar cómo se ha aplicado la bonificación del 50 por ciento sobre la tarifa aérea para los residentes no peninsulares.
Entre esta documentación solicitada se encuentra la copia de todos los acuerdos, contratos o convenios que hayan dado lugar a la emisión de los billetes bonificados, así como el listado de los cupones de vuelo y de cargo correspondientes a dichos billetes.
Las compañías a las que se le ha solicitado la información son Air Berlin, Air Europa, Binter Canarias, Clickair, Easyjet, Helitt Líneas Aéreas, Iberia Express, Iberia, Iberworld Airlines, Inaer Helicópteros, Islas Airways, Quantum, Ryanair, Spanair, Volotea y Vueling.
En el escrito, la Dirección General argumenta que realiza esta petición tras una denuncia verbal respecto a la existencia de posibles prácticas fraudulentas en los procesos de liquidación de billetes aéreos del sistema de subvenciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares.
Asimismo especifica que se ha recibido una denuncia formal y apunta que, en un primer análisis de las conductas denunciadas, se deducen indicios de «posibles prácticas indebidas».
Entre estas prácticas se encuentra que los precios de las tarifas aplicadas por las compañías en ciertas liquidaciones podrían ser superiores a los precios de venta abonados por los pasajeros o que podrían existir acuerdos o convenios de colaboración por los cuales se estarían emitiendo billetes aéreos subvencionados a precios que no corresponden total o parcialmente con pagos en conceptos subvencionables.
El periodo de comprobación corresponderá a las liquidaciones a estas compañías aéreas posteriores al 1 de mayo de 2009 y hasta la fecha de la resolución que es abril de 2013.
El escrito aclara que estas actuaciones se orientarán a determinar, durante el tiempo que resulte necesario para su realización, todos los hechos susceptibles de motivar la incoación «de un posible procedimiento de reintegro y el importe de fondos afectados así como, en su caso las posibles infracciones administrativas» sin perjuicio del posible traslado al Ministerio Fiscal.
Se trata del mismo procedimiento que se llevó a cabo con la compañía canaria Islas Airways, que suspendió temporalmente su actividad hace seis meses por problemas económicos.