El Ayuntamiento de Sant Antoni lleva ocho meses sin cumplir con su deber de nombrar un instructor para el expediente disciplinario del secretario de la Corporación, Joaquín Granero, que la propia alcaldesa Pepita Gutiérrez solicitó al acusarle de «deslealtad» ante el Govern. El revuelo armado por Gutiérrez el pasado noviembre al arremeter contra el funcionario poco tiene que ver con su pasividad actual. La alcaldesa había pedido que se depuraran «responsabilidades disciplinarias» argumentando que el secretario no le había comunicado la anulación de la licencia de obras que la junta de gobierno había concedido al exconcejal de Deportes, Vicente Cabezas, para que ampliara un bar de su propiedad, un permiso de obras que era ilegal, según confirmó la arquitecta municipal. Sin embargo, muchos meses después, y a pesar de las preguntas de la oposición, Sant Antoni habla poco del caso.
Según informaron desde la Conselleria balear de Administracions Públiques, el mismo mes de noviembre en el que la alcaldesa pidió la apertura del expediente se propuso al Ayuntamiento el nombramiento de un instructor, «pero desde entonces nunca más se supo, ni se recibió respuesta», dijo el portavoz de la Conselleria.
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