El voto de calidad de la alcaldesa de Vila, Pilar Marí, que solo se utiliza en caso de empate, salvó ayer a la concejala Marienna Sánchez-Jáuregui de tener que abonar los costes de su investigación sobre las facturas publicitarias dos días antes de dimitir por el caso Prensa Pitiusa. El concejal de Epic, Antonio Villalonga, presentó una moción para que se calcule el gasto de los recursos públicos utilizados en las dos jornadas de búsqueda y fotocopia de facturas por orden de Jáuregui, que contó con el trabajo de entre cuatro y cinco funcionarios de Intervención durante dos jornadas completas, provocando «un colapso» en este departamento.
A esta moción se sumaron el resto de grupos de la oposición, PSOE-Pacte y ExC, que, al igual que Epic, exigieron saber dónde está la documentación y las facturas que la exalcaldesa sacó del Consistorio antes de dimitir.
El edil progresista Marc Costa, denunció que Jáuregui se llevó de Intervención «información que nada tiene que ver con la comisión de investigación», a la vez que recordó que la solicitud de documentación «masiva» está prohibida por Ley. «Aquí se usaron recursos públicos de forma abusiva y para un interés personal», afirmó Villalonga.
El nuevo portavoz del equipo de gobierno, Alejandro Marí, aseguró que se hizo «doble copia» de la información requerida por Jáuregui en previsión de que también se pedirán estas facturas en la comisión de investigación. Asimismo se comprometió a presentar ante este órgano toda la documentación que pidió la exalcaldesa a Intervención. Según argumentó Marí, fue una situación «excepcional» que provocó un colapso por «el poco tiempo» que había de búsqueda [los dos días que Jáuregui retrasó su renuncia para pedir esta información], una solicitud que por su cargo de alcaldesa «no se podía rechazar».