Parece que esta vez sí el Ayuntamiento de Eivissa ha iniciado la fase final para desalojar las infraviviendas de las calles Alt i Retir, que constituyen la manzana más conflictiva de sa Penya. El concejal de Urbanismo, Alejandro Marí, afirmó ayer que los habitantes ilegales que se niegan a abandonar el barrio ya han sido notificados del «inicio del expediente administrativo para el lanzamiento», que les otorga dos meses para abandonar las viviendas, un plazo que terminará a finales de septiembre. «A partir de ahí, si no han salido, ya entra la justicia», afirmó el concejal, sobre el desahucio forzoso previsto para estos casos.
Desde que el pasado mes de abril el Consistorio expropió la manzana registrada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como la unidad de actuación 27 (UA-27), quince familias se negaron a abandonar las viviendas que ocupan de forma ilegal. Sin embargo, según calculan desde el Consistorio, son ocho las familias que más se opondrán al desalojo, dado que no permiten a los técnicos acceder a las viviendas para realizar el estudio de patologías que determinará el estado de las mismas y las obras necesarias para rehabilitarlas.
«Intuimos o sospechamos que las viviendas en las que no podemos entrar a hacer patologías serán los residentes que más problemas pondrán. Tendremos que acudir a la justicia para poder lanzarlos y después entrar para completar el informe», explicó Marí.