El Ayuntamiento de Sant Josep, la administración del municipio con más quejas por ruidos en verano, no llevará a cabo ningún tipo de control ni inspección para constatar que los empresarios del sector de la hostelería y el ocio cumplen con la nueva ordenanza de ruidos, que entró en vigor en octubre, y que les obliga a instalar limitadores acústicos de cara a la temporada que viene.
Según el concejal de Turismo, Vicent Torres, solo se actuará en caso de denuncia. «No habrá una inspección de todos los locales. Los empresarios están obligados a hacerlo y si no cumplen y hay alguna denuncia, entonces se actuará. Pero la administración no irá de oficio a todos los locales», aseguró el edil, para quien «normalmente los comercios y las empresas saben cual es la legislación que les toca y son responsables de cumplirla».
La problemática del ruido pasó de puntillas ayer por la Mesa de Turismo, precisamente porque la nueva normativa «entró en vigor a final de temporada», aseguró la alcaldesa Neus Marí Berris. Aún así, la primera edil destacó que este verano «se hicieron inspecciones y se han abierto expedientes en base a las normativas estatal y balear», y anunció que se organizarán reuniones con los empresarios para informarles sobre la aplicación de la nueva ordenanza contra la contaminación acústica.
La Mesa de Turismo congregó ayer a concejales de la oposición y el equipo de gobierno en Sant Josep, a la consellera de Turisme, Carmen Ferrer, y a representantes de diferentes sectores empresariales como concesionarios de playas, comerciantes y taxistas. También estuvieron presentes la Estación Náutica de Sant Josep y Sant Antoni, la Pimeef, la Federación Hotelera, la asociación de hoteleros de la Bahía y representantes del aeropuerto de Eivissa.