Los sindicatos no son los únicos que tienen que justificar las subvenciones para cursos de formación que han recibido del Govern y de la Unión Europea. Tampoco es el sindicato UGT quien tiene que dar más cuentas al Govern por el uso de las mismas.
La consellera portavoz del Ejecutivo Núria Riera, difundió ayer las cuantías pendientes de justificación (y de posterior devolución en el caso de que se hubiera hecho mal uso) sin añadir más comentarios.
De los datos facilitados se desprende que es la CAEB quien tiene más cantidades sin justificar, concretamente 1,32 millones de euros; diez más que los que afectan a UGT. La suma de las cantidades de CAEB supera a la de UGT y CCOO juntas.
CAEB no hace valoraciones oficiales y recuerda que el proceso está abierto. Tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales han presentado alegaciones.
Riera, en su habitual comparecencia tras el Consell de Govern, recordó que la exigencia de justificación es el resultado de una auditoría realizada después de que la Unión Europea bloqueara la concesión de fondos para la organización de cursos de formación para parados mientras no se acreditara debidamente cómo se empleó el dinero repartido a las patronales y los sindicatos.
«Se está poniendo orden» en el control del reparto de las ayudas para acciones formativas durante la pasada legislatura», dijo. Y añadió que «se ha recuperado la credibilidad ante Europa» y que las subvenciones para los cursos de formación siguen llegando.
Riera precisó que todo este asunto «no afecta» al plan de empleo que se presentó el miércoles a los agentes sociales y que contempla 208 actuaciones hasta 2017. Según el borrador que ya conocen asociaciones empresariales y sindicatos, la dotación económica inicial es de 500 millones de euros procedentes de la Unión Europea y las arcas autonómicas.
El debate del martes
Este plan de empleo será uno de los asuntos a los que aluda el president balear durante su intervención previa al debate de política general que celebrará el martes el Parlament y que, según Riera, utilizará básicamente para hacer un balance de la actividad del Govern este año, un año marcado por la entrada en vigor del proyecto de trilingüismo y el conflicto suscitado pro la aprobación del TIL.
Sobre la constitucionalidad o no de la Llei de Símbols, la portavoz del Ejecutivo señaló que el Govern había cumplido todos los trámites. Afirmó que corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre la constitucionalidad de la ley.
Pero esto no sale en IB3. Esto es lo que hace el PP (ex-Alianza Popular, ex-Franquismo).