La oposición acusó ayer al PP de ‘meter en un lío' a las empresas que acepten participar en una campaña de descuentos a su militancia. Se trata de la Targeta Blava, que prevé descuentos en 300 empresas y comercios de las Islas. Dos diputados, Antoni Diéguez (PSIB) y Biel Barceló (Més), plantearon dos preguntas al respecto durante la sesión plenaria y, ambos, insistieron en que este tipo de promociones podría vulnerar la Ley de Financiación de partidos.
Una de las preguntas, la de Biel Barceló, iba dirigida al president Bauzá. Este, se puso especialmente tenso en la respuesta. Le dijo que «cree el ladrón que todos son de su condición» y rescató un reciente ‘tuit' del exsenador Pere Sampol –que fue vicepresidente y responsable del comercio en el primer Pacte de Progrés– en el que comentaba que meditaba dejar de entrar a los establecimientos que colaboraran con el PP. Para Bauzá esta actitud es «dictatorial y propia de otra época» y la presentó como una forma de boicot.
En su primera intervención, Biel Barceló preguntó al president si había explicado a las entidades colaboradoras que «saldrán perjudicadas porque no podrán contratar con la Administración ni recibir subvenciones».
Dudas fiscales
El primero en preguntar sobre este asunto, concretamente al vicepresidente Gómez, fue Antoni Diéguez. El diputado socialista Diéguez dijo que los descuentos pueden interpretarse, desde el punto de vista fiscal, «como un regalo por ser afiliados» y, por tanto, un modo de financiación ilegal. Le preguntó si había dado orden de que el Govern no contratara ni subvencionara a las entidades colaboradoras.
Para Diéguez, «cada partido es libre de degradar la idea de militancia política» y criticó que el PP tenga la «ideología en oferta».
Ahí le esperaba Gómez, quien enlazó este asunto con las primarias abiertas a simpatizantes que celebrará el PSIB para decidir su cabeza de lista y en la que está previsto cobrar dos euros para poder votar. Gómez, tras asegurar que los socialistas «terminarán por copiar este modelo de tarjeta» reprochó al PSIB que «para tener en cuenta la opinión de sus afiliados» éstos primero deban «pasar por caja» y realizar un «pago previo».
Tanto Bauzá como Gómez dijeron que el Govern no veía nada ilegal en que los partidos utilizaran tarjetas de este tipo.