El STEI advierte del riesgo de desaparición de la red de escoletas públicas si pasan en manos de la comunidad autónoma, tal y como contempla la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, más conocida como «Ley de Montoro», que estipula que las comunidades autónomas asumirán el 31 de diciembre del año que viene la titularidad de las competencias propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales, que afecta a la red de guarderías públicas y que en el caso de Eivissa dependen muchas de ellas del Consell d'Eivissa. «El texto es muy indeciso con respecto a la etapa de 0-3 años», dice Maria Camps del STEI-i.
La normativa establece que una competencia la tiene que asumir una única administración, la comunidad autónoma, pero Camps subraya que «la red de escuelas públicas permanecen en el limbo» y recalca que es una red educativa, «no es una etapa asistencial».