«Me vais a perdonar, pero no voy a hacer declaraciones, ya lo haré cuanto sea el momento». Esto es lo que dijo la exalcadelsa Marienna Sánchez-Jáuregui tras declarar como imputada por el caso de las facturas irregulares del grupo Prensa Pitiusa ante el juez José Espinosa, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa. Acuciada por la prensa, Sánchez-Jáuregui añadió acerca de su declaración: «Entiendo que sí que ha ido bien, yo he dicho la verdad».
La exalcadelsa y aún concejala de Vila comenzó su declaración pasadas las dos y media de la tarde y salió del juzgado poco antes de las cuatro de la tarde.
Previamente, y a lo largo de toda la mañana, el juez tomó declaración en calidad de testigos por el caso de las facturas irregulares a cinco personas: los tenientes de alcalde Juan Daura y Lina Sansano; el exjefe de gabinete de Sánchez-Jáuregui cuando se saltó a la luz el caso de las facturas irregulares a Prensa Pitiusa, Antonio Beneyto; la interventora municipal del Ayuntamiento de Eivissa; el propietario de Prensa Pitiusa y quien era el director de esta publicación en aquel momento.
Tan solo Juan Daura, que calificó la jornada como de «desagradable situación», se dirigió a los periodistas: «Yo he manifestado [ante el juez] lo que todo el mundo sabe, lo que ha pasado, y por lo tanto ahora es el juez quien debe decidir si sigue adelante o no». Por la despacho del juez José Espinosa pasaron los cinco testigos, que no llevaron abogado. El letrado de Sánchez-Jáuregui escuchó las declaraciones de todos los testigos, además de la de su cliente, que por ahora es la única imputada por este caso.
Al margen de este caso concreto, rebosante de indignidades e indecencias varias, tras leer una noticia de hoy en donde se señala que 12 expoliticos en los que concurre la categoria de funcionarios consolidan un plus vitalicio de 1050 euros mensuales diré: Creo se debería hacer una auditoria a nivel nacional para determinar el coste total de esos pluses que considero injustos, inmerecidos, irracionales e indecentes. Creo que la fiscalia debería actuar de oficio para verificar como, a quienes y bajo que circunstancias se otorgan esos pluses. Creo que cualquier político decente impulsaria medidas urgentes para eliminar esos llamados pluses. Si un funcionario decide dejar su puesto para pasar a la política ya tiene la prebenda de mantener su puesto de trabajo para cuando deje tan noble actividad, pero con un salario minimo exiguo es indecente que, además, se lleve de por vida y no se a cuento de qué un sueldazo sin jugar ni al boleto de la once ni a la primi. Es indecente que en ocasiones sabidas estos sueldos se constituyan como una especie de pagos a cuenta o adquisición de voluntades de parte del poder político hacia funcionarios, que luego lo seguiran siendo. Es indecente que no prime el merito y la capacidad y solo el servilismo y la amistad para llevarse la correspondiente y legal tajada que pagamos entre todos. Sería decente y adecuado eliminar estas prebendas pero ya, por si mismas costituyen todo un insulto y agravio a la ciudadania.