No una, sino tres veces, reprochó ayer la portavoz del Ejecutivo balear, Núria Riera, la «deslealtad institucional» del Ministerio de Hacienda hacia el Govern de las Islas por cuestionar el impuesto que grava la compraventa de vehículos se segunda mano y que, si no se llega a un acuerdo, podría terminar en el Tribunal Constitucional.
Durante su comparecencia habitual después de la reunión del Consell de Govern, Riera adoptó un tono severo y contundente en su crítica al ministerio que dirige Montoro ya que (insistió en varias ocasiones) el impuesto contó en su día hasta con tres informes favorables y ahora los técnicos del Gobierno central plantean dudas sobre la competencia del Ejecutivo autónomo: el Gobierno central entiende que no se puede aplicar un canon fijo, sino que debe ser un porcentaje.
«Me sorprende realmente», dijo Riera que, en pocos minutos, pronunció la expresión «deslealtad institucional».
Precisamente hoy, el president balear, José Ramón Bauzá, tendrá ocasión de ver a un ministro, concretamente Arias Cañete; aunque éste no tenga ninguna competencia sobre este asunto y su visita a Balears sea como candidato del PP a las elecciones europeas.
Núria Riera, pese al tono de su declaración, dejó claro que se puede llegar a algún acuerdo. Señaló que antes de que el ministerio interponga un recurso de inconstitucionalidad, los técnicos de ambas administraciones públicas constituirán una comisión y se reunirán para tratar de aclarar las diferencias existentes.
Irónica
El Govern balear «hará todo lo que tenga que hacer para evitar cualquier atisbo de duda de constitucionalidad en este impuesto», dijo Riera, que aparentó mostrarse «bastante sorprendida» por estas «discrepancias».
«No dejaremos de adoptar las medidas para que la gestión de este impuesto sea eficaz y, evidentemente, sin ninguna duda de constitucionalidad; de hecho lo haremos con más agilidad que lo ha hecho el Gobierno con el céntimo sanitario», dijo la portavoz, ironizando sobre lo que había tardado en resolver sus desavenencias con la Unión Europea.
La portavoz, después de sus críticas, se mostró convencida de que en el seno de la comisión bipartita se solventarán las dudas existentes por parte del Estado, aunque precisó que los técnicos del Ministerio de Hacienda podrían haberlas formulado «antes» y no en plena aplicación del gravamen que ha motivado las discrepancias.