El equipo de gobierno de Sant Antoni aprobó ayer trasladar 115.000 euros del presupuesto de la concejalía de Deportes para la contratación de siete agentes cívicos, cuya función será patrullar y vigilar las principales zonas núcleo urbano, en horario nocturno, durante este verano. PSOE-Pacte votó en contra de la propuesta porque, según el concejal Juanjo Cardona, la seguridad del municipio se debe reforzar «con policías de verdad y no con sucedáneos como la seguridad privada». PI-Eivissa se abstuvo, pero su portavoz Juanjo Ferrer criticó el coste de cada agente. «Haciendo las cuentas de la vieja, cada agente costará 5.476 euros», destacó el portavoz, que indicó que contratar a un policía turístico costaría menos, unos 2.399 euros. Ferrer bromeó con presentarse como agente cívico y señaló que cada uno de estos trabajadores supondrá al mes para las arcas municipales más dinero que el sueldo de la alcaldesa Pepita Gutiérrez, que percibe más de 4.000 euros brutos mensuales.
En respuesta, el concejal de Hacienda, Vicent Ribas, Mestret, explicó que si bien el coste es alto, «es lo que hay en el mercado». Según el edil, como el servicio debe salir a licitación esperan tener ofertas que reduzcan el presupuesto. El edil aseguró que se debe recurrir a la «seguridad privada» porque la ley de contención del gasto público no permite aumentar la plantilla de la Policía Local. Por su parte, la alcaldesa Pepita Gutiérrez le corrigió y aseguró que se está contratando «agentes cívicos y no seguridad privada».
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