El órgano de gobierno de los jueces da un tibio respaldo al juez José Castro frente al escrito del fiscal Pedro Horrach. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad un acuerdo en el que no menciona el ‘caso Nóos' de forma directa, a pesar de que la resolución fue reclamada por los magistrados progresistas para defender a su compañero de carrera. El acuerdo se limita a advertir que el uso de expresiones que «puedan sembrar dudas» sobre la objetividad e independencia de los jueces «no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia».
El tono plano e institucional del Consejo continúa: «Considera necesario solicitar de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales que no utilicen expresiones que puedan desacreditar injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados».
Acuerdo previo
Los vocales se remiten a un acuerdo previo de enero en el que ya defendieron la «máxima protección» a la confianza pública en que los jueces puedan desarrollar sus cometidos. Ese acuerdo también estaba motivada por todo lo que rodeaba al ‘caso Nóos' y a otras investigaciones por corrupción como el caso de los Eres de Andalucía. Con todo, la nueva escalada a raíz del auto en el que se finalizaba la instrucción, provoca este nuevo acuerdo.
El temporal provocado por el recurso del fiscal en el que afirmaba que el juez estaba en una «espiral de sospechas» y que había omitido indicios para mantener imputada a la Infanta no amainó ayer en ningún caso. Las opiniones de medios judiciales siguieron siendo de crítica unánime a las formas utilizadas por el fiscal Horrach. De hecho, para este mediodía hay convocada una junta de jueces de todos magistrados de jurisdicción penal del partido judicial de Palma para analizar lo ocurrido en el ‘caso Nóos'. A esa reunión están convocados todos los doce magistrados de Instrucción, los ocho de lo Penal y los dos de juzgados de Violencia contra la Mujer, además del juez decano, Francisco Martínez Espinosa.
Así, el presidente del TSJB de Madrid, Francisco Vieira pidió el uso de los mecanismos previstos «cuando no se guardan las formas». La asociación Francisco de Vitoria emitió un comunicado en el que insistía en que: «Vuelve a utilizar el fiscal expresiones de carácter personal, nuevamente vuelve a lanzar imputaciones de prevaricación a dicho juez instructor». En todo ese cúmulo de reacciones, el Gobierno guarda silencio: «No nos corresponde al Gobierno establecer ningún tipo de valoración ni opinión sobre un asunto que está en tramitación judicial», dijo el ministro, Alberto Ruíz-Gallardón.
Definitivamente la mayor parte de la judicatura está corrupta, y sólo actúa por intereses sucios y rastreros. Por eso y más #DesahuciaLaCasta .