La Conselleria d'Educació del Govern ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los directores de los dos centros públicos donde han aparecido diversas balas en los últimos días. Según fuentes de la Conselleria no ha habido ninguna reunión oficial y específica para tratar sobre esta cuestión, pero la delegada de Educación en Eivissa , Belén Torres, ha mantenido contactos con los responsables de estos centros para transmitirles tranquilidad. Las misma fuentes señalan que es la Policía Nacional la que debe esclarecer quien introdujo los proyectiles en los colegios y en ese sentido existe «total confianza» en el trabajo de los agentes.
Precisamente, Belén Torres reconoció a este periódico que se enteró por PERIODICO de IBIZA Y FORMENTERA de los sucedido en estos últimos días en la comunidad educativa. Respecto a las balas encontradas, explicó que los directores se ciñeron a seguir el protocolo de actuación y lo notificaron a la policía que es quien se encarga ahora de la investigación y quien deberá tomar las medidas que considere oportunas. También destacó que ningún padre ha expresado su preocupación alguna al respecto.
UIB
Por otra parte, en la sede de la UIB en Eivissa, donde también se encontraron balas días atrás, la Polícia Nacional sigue vigilando los accesos al recinto aunque la normalidad ya reina entre la comunidad universitaria.
Cabe recordar que desde el pasado lunes, dos agente del citado cuerpo custodian una d ellas entradas al edificio. La coordinadora y profesora de los estudios de Educación Infantil de la sede de la UIB en Eivissa, Gemma Tur, ya advirtió que estas medidas extraordinarias de seguridad – que también incluyen el refuerzo de la seguridad privada - continuarán hasta que se aclare el origen de las balas y del anónimo amenazante que apareció en el Grupo Prensa Pitiusa el viernes pasado. El escrito advertía de que edificio de la Comandancia – actual sede de la UIB – debía ser devuelto a los militares y que de lo contrario los profesores y alumnos iban a pagar las consecuencias. Además, la nota se atribuía el asesinato de un indigente hallado en Sa Coma en 2007, amenazaba de muerte a «los independentistas» y reclamaba la restitución del servicio militar obligatorio.