La asociación de vecinos de Talamanca no está dispuesta a rebajar ni un ápice sus reivindicaciones para obtener soluciones definitivas a los problemas ocasionados por la rotura del emisario de Talamanca. Una comisión de vecinos, junto al presidente de los hoteleros ibicencos, Juanjo Riera, se reunió ayer con el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Torres, y el conseller de Medi Ambient, Miquel Vericad con el propósito de arrancar un compromiso del gobierno insular. A la salida de la reunión, Torres aseguró que exigirá una solución «de emergencia» al Govern balear. «Lo que decíamos hace seis meses o un año respecto a este emisario, que era una emergencia, no ha cambiado nada», manifestó el presidente. Según explicó, exigirán que el Govern asuma en el menor tiempo posible la construcción de la infraestructura, prevista para 2017.
Torres insistió en que tanto el nuevo Consell como el nuevo Govern se han comprometido a «un cambio» y entienden que la sensibilidad del actual Ejecutivo autonómico «es completamente diferente a la que había antes».
El Consell de Eivissa junto al Ayuntamiento elaborará sus propios informes para justificar la declaración de emergencia del emisario y acelerar la solución de un problema que «tiene una repercusión negativa sobre Talamanca y sobre Eivissa».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Talamanca, José Colomar, explicó que la situación «ha llegado a un límite» con el último incidente, que ocurre a final de temporada cuando la ocupación de los hoteles de la zona es todavía bastante alta.
Colomar justificó la «alarma social» creada tras el último incidente porque, a su juicio, se trata de «un atentado contra el medio ambiente y se está convirtiendo en un grave problema social que afecta a toda la isla».
Los vecinos de Talamanca se reunirán de nuevo la próxima semana con el presidente del Consell para informarse del avance de las negociaciones para resolver el problema. En el caso de no obtener una respuesta «convicente», han anunciado que presentarán una demanda antes del día 15 de octubre por delito medioambiental contra el Govern balear, la compañía que se encarga del mantenimiento del emisario y todas las instituciones responsables de esta infraestructura.