El equipo de gobierno del Consell d'Eivissa quiere que los ayuntamientos, que son las administraciones que tienen las competencias en movilidad, regulen los aparcamientos de las playas de la isla para evitar la masificación que sufren durante los meses de verano. «Ahora existe una clara falta de ordenación: los restaurantes llegan a acuerdos con los propietarios de los terrenos para que la gente pueda aparcar, por lo que creemos importante que estén regulados, sobre todo en lugares delicados medioambientalmente y que están en zonas ANEI, como en Cala Jondal», señala el conseller de Medi Ambient, Miquel Vericad.
El máximo responsable del departamento de Medi Ambient cree que existe un peligro de incendio evidente por la acumulación de vehículos en zonas como Benirràs o Cala Salada «porque no se limita la circulación». Según Vericad, algunas zonas del litoral ibicenco «parecen solares industriales», por lo que sostiene que la capacidad de acogida de las playas «no debe tender a infinito». De las palabras del conseller de Medi Ambient se desprende que son partidarios de limitar el acceso de los vehículos a áreas medioambientalmente sensibles como son las playas.
Horizonte 2017
Sin embargo, desde la máxima institución insular son conscientes de que «será necesario un trabajo muy intenso entre el Consell y los ayuntamientos». En este sentido, el conseller Vericad desea que de cara a 2017 se pueda abordar esta cuestión y los ayuntamientos «tengan una visión global de toda la isla». De hecho, la regulación de las zonas de aparcamiento en el litoral será uno de los puntos a tratar en los próximos Consells d'Alcaldes.
En la isla de Eivissa existen aparcamientos privados de pago en playas como ses Salines o s'Aigua Blanca, pero el modelo que más llama la atención es el que se utiliza en el Parque Natural de ses Salines de Formentera (que abarca las playas de Cavall d'en Borràs, ses Illetes, es Trucadors y Llevant), donde los coches pagan entre cuatro y seis euros para aparcar en una de las 380 plazas habilitadas, mientras que las motocicletas pagan entre dos y cuatro euros. Para de la recaudación va a parar al Consell de Formentera, que la destina a la conservación y mejora de la zona.