El Ayuntamiento de Vila ha previsto que el desalojo de las viviendas degradadas de las calles Alt i Retir del barrio de sa Penya afecte a 80 personas de 19 familias, ha asegurado hoy el concejal de Bienestar Social de Vila, Joan Ribas.
Ribas, que ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal de Patrimonio, Pep Tur, para valorar la sentencia que permite el desalojo forzoso de las viviendas expropiadas por el consistorio, ha señalado que, a pesar de las previsiones, no sabe "exactamente" lo que se encontrará el ayuntamiento cuanto ejecute los lanzamientos.
Según el edil, sa Penya "cambia de un día para otro", y de momento, entre las 80 personas que serían las afectadas, hay 50 adultos y 30 niños.
El concejal ha asegurado que "el Ayuntamiento de Ibiza no dejará a nadie en la calle". "Se atenderá familia por familia, porque consideramos que cada caso es particular, y a cada uno le buscaremos una ubicación", ha incidido.
Entre el "amplio abanico de soluciones posibles", se encuentran las ayudas al alquiler para aquellas familias que quieran volver a su lugar de origen "como se ha dado el caso", ha destacado Ribas.
Por su parte, el concejal de Patrimonio, Pep Tur, ha expresado la "satisfacción" del Ayuntamiento de Ibiza por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma, que responde a la solicitud de desalojo que Vila presentó en noviembre de 2013.
"Es una trabajo que ha quedado parado durante mucho tiempo y que ahora por fin se podrá volver a reemprender. Sabemos que hay mucho trabajo por delante y tenemos un plazo de cuatro meses como indica el juzgado", ha añadido Tur, que no ha podido concretar la fecha prevista para ejecutar los desalojos.
Por otra parte, el edil ha estimado que el coste de rehabilitar las viviendas ascenderá a dos millones de euros.
Según ha explicado, el área de Patrimonio hizo en 2014 un estudio para la intervención en los edificios, que se realizará "una vez que los desalojos sean efectivos" y el objetivo de la rápida intervención es que "no puedan volver a ser ocupados".
Este documento está en proceso de revisión porque ha pasado más de un año desde su redacción, y a la vez, "se trabaja en los pliegos para la rehabilitación de los edificios", ha añadido Tur.
El concejal ha recordado que tanto la Conselleria como la Comisión de Patrimonio (Ciotupha) "coinciden en que se deben mantener fachadas", aunque se permite la reestructuración interior. Ha añadido que el consistorio tiene la intención de rehabilitar las viviendas para destinarlas a alquiler social.
Ha explicado que además se contempla instalar algún establecimiento que pueda dar vida al barrio, como "un pequeño supermercado, un bar, una panadería o una cafetería".
"La idea es recuperar el barrio, para que vuelva a ser parte de la ciudad de Ibiza", ha señalado Tur.