La conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha reiterado que el exterminio de cabras en Es Vedrà se hizo "con todas las garantías legales" y con la seguridad de que los técnicos no ponían en riesgo su integridad física.
Así, han explicado que se valoró retirar a los animales con vida, pero se ponía en riesgo la integridad física de los técnicos, y también se contempló la utilización de diferentes medios para sacar a las cabras de la isla "una opción desmesurada con un alto coste económico", según han considerado.
El Govern también valoró motivos sanitarios, y al ser un rebaño no controlado sanitariamente, podía provocar riesgos a otras especies.
Según han explicado desde el Govern, "gestionar es decidir y, así, se llevó a cabo una actuación planificada en el islote de Es Vedrà, donde previamente se habían analizado todas las alternativas posibles".
Según han recordado, se contaba con el consenso científico y técnico para avalar la teoría de la pérdida de diferentes endemismos debido a las especies invasoras, que identifica las cabras como la principal amenaza para las plantas.
Asimismo, han asegurado que los animales estaban en malas condiciones por la falta de agua y alimento.
"Una muerte anunciada para estos animales", han dicho.
También, el Govern ha explicado que la matanza se realizó en febrero para no interferir en la época de nidificación del halcón marino.
Desde el Ejecutivo han reiterado que, a lo largo de los años, este tipo de actuaciones se han llevado a cabo en diferentes espacios naturales protegidos a nivel internacional, como en las Islas Galápagos.
En cuanto a la legalidad de la actuación, el Govern ha señalado que se hizo bajo control veterinario y, teniendo en cuenta la Ley de bienestar animal, "estos ejemplares no se podían incorporar a rebaños domésticos", han explicado.
Desde el Govern han recordado que el protocolo a seguir es el mismo que se ha llevado a cabo en otras ocasiones, habiéndose sacrificado miles de cabras, principalmente en la Sierra de Tramuntana.
Asimismo, desde el Ejecutivo han desmentido que la actuación de la Conselleria se contradiga con la Ley 8/2003 ya que se hace referencia a situaciones que impliquen riesgo sanitario para la sanidad animal, para la salud pública o que contaminen el medio ambiente "y no es el caso".
En lo que respecta a la normativa Sandach, referente a residuos cárnicos, han aclarado que se excepciona la eliminación de cadáveres cuando se trata de zonas con un acceso particularmente difícil.
Así, han explicado que el Real Decreto 1632/2011 permite en supuestos de conservación de aves carroñeras el abandono de cadáveres y sus restos para la alimentación de estas aves.
En las Pitiusas destaca la presencia puntual del buitre leonado y una población de cuervo catalogada como vulnerable.
También han condenado "enérgicamente" todas aquellas acusaciones y amenazas recibidas por los responsables de la actuación.
El Govern ha asegurado respetar la diversidad de opiniones, la divergencia de criterios y el debate, pero no los insultos ni las amenazas "bajo ningún concepto".