La carga de trabajo en los juzgados de primera instancia aumentó un 4,75 por ciento al pasar de 5.811 en 2014 a los 6.087 casos al cierre de 2015. La pendencia se sitúa al cierre del año pasado en el 22,31 por ciento para un total de 4.786 casos pendientes de resolución.
Son los datos reflejados en la Memoria Judicial de 2015 que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), Antonio Terrasa, hizo públicos ayer tras presentarla ante la presidenta del Parlament, Xelo Huertas.
En los juzgados de Instrucción, la disminución de asuntos registrados ha generado una pendencia final favorable a pesar de que se han resuelto menos asuntos. La carga de casos pasó de los 28.244 asuntos a 26.315, un descenso del 6,8 por ciento que permitió que al cierre de 2015 quedasen pendientes 3.641 casos frente a los 4.533 de 2014.
En el caso del Juzgado de Violencia sobre La Mujer, los asuntos civiles registrados alcanzaron los 65 casos, un 30 por ciento menos respecto a los registrados en 2014. En cambio, los asuntos pendientes pasaron de los 43 registrados al cierre de 2014 a los 56 a 31 de diciembre de 2015, lo que supone un incremento del 30 por ciento.
Por lo que respecta a los números de asuntos penales, se refleja un incremento de más del 19 por ciento de casos registrados. Así, se pasa de los 891 asuntos registrados en 2014 a los 1.062 registrados en 2015.
Destaca el aumento considerable de resoluciones, lo que ha permito un saldo favorable en los asuntos pendientes que se han reducido en un 35 por ciento. Así, en 2015 se han resuelto 1.100 asuntos frente a los 878 resueltos al cierre de 2014.
Balears
A finales de 2015 había 60.699 asuntos pendientes en el conjunto de juzgados baleares, lo que representa una disminución del 4,05 por ciento en relación al año anterior.
El descenso de los asuntos pendientes está motivado esencialmente porque se registraron menos casos en los órganos judiciales.
El presidente del TSJIB destacó que la situación de carga de trabajo y retraso en los tiempos de respuesta es más preocupante en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y mercantil.