El Ayuntamiento de Vila ya está dando los primeros pasos para el desalojo de la veintena de familias que vive en las viviendas ocupadas de sa Penya y que, por orden de los tribunales, deberán abandonar antes del próximo 13 de mayo.
El concejal de Benestar Social, Joan Ribas, adelantó ayer que el consistorio dará una solución personalizada a cada familia en forma de subvenciones, vivienda o el pago de billetes para mudarse a otra ciudad. Según Ribas, se llegará a «un acuerdo» con ellos para que, a cambio de proporcionarles ayuda, las familias se comprometan a integrarse en la sociedad llevando a sus hijos al colegio, haciendo cursos de formación o garantizando el pago del alquiler mensual de la casa donde vayan a vivir.
Ribas se reunió ayer con Mayte Andrés, una representante de la Fundación Secretariado Gitano venida expresamente desde Madrid para asesorar al equipo municipal sobre las acciones de integración del colectivo gitano que esta organización ha llevado a cabo en otros lugares de España.
El caso de sa Penya es, sin embargo, diferente, según Ribas, por la falta de vivienda que hay en la isla. De hecho, aseguró que el ayuntamiento está buscando viviendas para las personas desalojadas aunque de momento solo dispone de dos cedidas por el Consell, un apartamento del ayuntamiento en Dalt Vila y el compromiso del Govern de intentar buscar más casas a través del Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI).
«El problema es de todos, no solo del ayuntamiento», indicó Ribas, por lo que argumentó que «cualquier euro que se invierta en sa Penya será un euro más para el conjunto de la ciudadanía».
Asimismo, añadió que, a pesar de que la ocupación de las viviendas es ilegal, el colectivo que vive en estas condiciones «no dejan de ser personas y como ayuntamiento tenemos que garantizar sus derechos fundamentales».