El Ayuntamiento de Vila ya ha comunicado a 20 familias del barrio de sa Penya que entre los días 26 y 27 de abril deberán abandonar las casas en las que viven. Todos los afectados han recibido la notificación que les anuncia que tienen menos de un mes para estar en estas viviendas, una vez que el Ayuntamiento recibiese un auto judicial en el que se autorizaba a desocupar las viviendas en un plazo máximo de cuatro meses. El consistorio, como decía el auto, ya ha colocado los avisos del desalojo en las fachadas de las viviendas y los vecinos se encuentran al corriente.
En concreto, el desalojo afecta a 20 viviendas, donde residen aproximadamente 60 personas, de las cuales una veintena son menores de edad.
Estas familias residen en las viviendas de sa Penya de forma irregular. De hecho, algunas de ellas ya cobraron una indemnización por desalojar las casas, pero siguieron ocupándolas.
El desalojo estará rodeado por unas fuertes medidas de seguridad. Está previsto que se establezca un amplio perímetro para que los agentes de seguridad puedan controlar la situación y evitar graves disturbios.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Vila ha mantenido contactos con los vecinos afectados, cada uno con una problemática diferente, pero ya no hay vuelta atrás y en tres semanas se producirá el desalojo después de muchos años de litigios judiciales.
El decreto de Alcaldía que se ha enviado a los vecinos afectados recuerda que el Ayuntamiento de Vila podrá solicitar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la «ejecución del lanzamiento con el auxilio y colaboración de la Policía Local». Por este motivo, el Ayuntamiento de Vila ha mantenido contactos con Delegación del Gobierno para garantizar que el desalojo se produzca sin problemas.
El mismo decreto de Alcaldía precisa que, una vez realizado el desalojo y recuperada la posesión de los inmuebles, se habilitarán los medios precisos para evitar nuevas ocupaciones. Está previsto que los servicios técnicos municipales adopten las medidas adecuadas para que, inmediatamente realizados los desalojos, los inmuebles queden inhabitables o innacesibles. El objetivo es que las viviendas de sa Penya no vuelvan a ser ocupadas de forma ilegal. Una vez desocupadas estas 20 viviendas quedan pendientes otras 7 casas, a la espera de una resolución judicial.