Las cerca de 20 empresas concesionarias de la captación y suministro de agua potable en Eivissa y Formentera se constituyeron ayer como asociación integrada en la Pimeef con el objetivo de defenderse frente a la «injusticia» que a su modo de ver originará el decreto de sequía del Govern balear en el sector.
Para los propietarios de los pozos, que en su mayoría suministran agua a viviendas diseminadas de la isla, la medida que prevé restringir las extracciones subterráneas entre octubre y abril «provocará unos daños y unas pérdidas irreparables» para el medio centenar de familias que gestionan estas perforaciones regladas. La asociación entiende que el decreto incurre en un «agravio comparativo» en el momento que permite a las redes municipales de suministro de agua tener pérdidas de hasta el 20% (en Sant Josep las fugas han alcanzado hasta el 70% del total) y por otro lado «perjudica a un sector que está cumpliendo todos los requisitos legales». «El decreto dice que si falta agua por parte de las desaladoras, los pozos podrán extraerla, pero estas empresas, con una estructura de personal y unas inversiones de incluso 100.000 euros, no pueden estar a expensas de si falta o no falta agua», explicó la secretaria general Mari Angels Marí.
El presidente de la asociación, Joan Bufí, lamentó que el sector «pague los platos rotos» de la «mala gestión del agua llevada a cabo en la isla durante los últimos 20 años». Bufí asegura que los concesionarios de estos pozos representan solo el 5% del agua potable que se pierde en las Pitiüses, por lo que considera que ellos «no son el problema» de una escasez que atribuye a la mala distribución, los elevados índices de pérdidas y el intrusismo.
En Sant Josep, donde la red municipal presenta fugas de hasta el 70%, «hay tres o cuatro perforadas que extraen en un mes o mes y medio más agua que nosotros en todo el año». Según Bufí, estos pozos, que sospecha funcionan de manera ilegal, «extraen entre 100 y 200 mil metros cúbicos de agua por hora cuando nuestros caudales están entre 10 y 20 metros cúbicos». «Nos parece totalmente injusto porque se van a pique 18 empresas que no perdemos una gota y que cuidamos el agua como nadie», subrayó. Aunque no se manejan cifras oficiales, desde la asociación calculan que puede haber «más de 40 pozos» ilegales en la isla que utilizan el agua para usos empresariales en lugar de destinarlos al consumo humano o agrícola.
La asociación tiene previsto emprender acciones legales contra estas perforadoras irregulares y contra el decreto de sequía cuando supere la tramitación parlamentaria. «Con este decreto no se pueden mantener estas infraestructuras, con motores, clorinadores, tuberías, ni mantener una plantilla de trabajadores», advirtió Mari Angels Marí, quien reivindicó que la gestión del agua sea competencia insular o municipal así como la puesta en marcha inmediata de la desaladora de Santa Eulària y del anillo de interconexión.