Para varias generaciones de ibicencos, Sa Penya ha sido desde siempre territorio comanche. Un barrio inexpugnable en cuyas calles se respira un ambiente hostil que no invita a visitarlo y donde la policía ha sido incapaz durante décadas de acabar con los vendedores de droga que encuentran cobijo en los recovecos que esconden las casas y las calles.
Los intentos por recuperar el barrio han sido, desde los años 70, innumerables. Los diferentes equipos de gobierno que han mandado en la ciudad han querido recuperar Sa Penya pero, hasta el momento, todos han fracasado.
Los últimos desalojos de la UA27 que se llevaron a cabo el pasado martes gracias a un amplio dispositivo desplegado para la ocasión tienen su origen en el mandato de la alcaldesa socialista de Vila Lurdes Costa. Cuando tomó posesión de su cargo en el año 2007, señaló Sa Penya como una de las máximas prioridades del equipo de gobierno.
«Hemos de animar a la gente a que vuelva a Sa Penya». Con estas palabras resumía el entonces concejal de Nucli Històric, Marc Costa, el ambicioso Plan de Vivienda presentado por el Ayuntamiento, que nacía con el compromiso de construir 200 viviendas de Protección Oficial a lo largo de toda la legislatura.
El primer paso para recuperar Sa Penya fue crear el Registro Municipal de Solares para acelerar el proceso de rehabilitación de las viviendas que estaban en peor estado. De las 178 viviendas contabilizadas en el barrio, casi la mitad, unas 80, son declaradas en ruina técnica. Una vez detectadas, el ayuntamiento concede dos años a sus propietarios para reformarlas con la advertencia de ponerlas en venta si se agotaba el plazo sin hacer las obras pertinentes.
Los planes del consistorio incluyen también la recuperación de Sa Peixateria, aumentar la actividad en el Mercat Vell y crear un centro artesanal y una gran plaza pero no será hasta 2009 cuando se den los primeros pasos en firme.
El gobierno municipal crea una nueva unidad de actuación urbanística, la UA27, para poder expropiar las 44 infraviviendas más conflictivas de Sa Penya, entre las calles Alt y Retir después de constatar la falta de interés o la incapacidad de los propietarios por recuperar sus casas.
"Será una actuación concreta, rápida y contundente", asegura en aquel momento el entonces concejal de Urbanisme, Vicent Torres, destinada a rehabilitar un espacio donde se concentra el 90 por ciento de la problemática social y urbanística del barrio.
Vila proyecta levantar en ese bloque de viviendas que ocupa una manzana 15 viviendas de Protección Oficial pero, para ello, debe desalojar al medio centenar de personas pertenecientes a una quincena de familias que las habitan. Solo en dos de las casas residen sus propietarios. Las personas que viven en el resto aseguran tener un acuerdo verbal con los dueños de las casas pero no pueden demostrarlo con un documento.
En 2010, la junta rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat aprueba habilitar una partida de cerca de 3 millones de euros para pagar las expropiaciones de la manzana más conflictiva de Sa Penya. A partir de ese momento, se inicia un árduo trabajo de investigación para localizar a los propietarios de los inmuebles y notificarles las intenciones del consistorio.
El procedimiento de expropiación se inicia legalmente en junio mientras avanzan las obras de construcción de un centro polivalente y de la plaza de Sa Pedrera y calculan que el Ayuntamiento podrá tomar posesión de las viviendas en la primavera del año siguiente.
En 2011, sin embargo, surgen nuevos contratiempos que frenan el proceso cuando los expedientes de expropiación debían ser aprobados por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio (Ciothupa), el último trámite para que las viviendas fueran consideradas propiedad municipal. Un estudio histórico y arqueológico elaborado por técnicos municipales de Patrimoni se opone a la demolición de las infraviviendas dado que ningún edificio presenta problemas de estabilidad o patologías edificatorias graves. Atribuye su estado a desperfectos por falta de mantenimiento y obliga a respetar el parcelario histórico y recuperar el tamaño original de las viviendas.
Con los populares al mando del Ayuntamiento, los propietarios que, animados por las políticas municipales de los últimos años, compraron y rehabilitaron casas en el barrio constituyen la asociación Salvem Sa Penya y empiezan a denunciar las amenazas, agresiones y robos que sufren en sus casas en medio de unas calles repletas de suciedad.
No será hasta abril de 2013 cuando la policía acuda, casa por casa, a notificar a los vecinos de la UA27 que las viviendas que ocupan son ya de propiedad municipal. La mayoría se niega a abandonar las casas y los propietarios e inquilinos ilegales perciben las indemnizaciones por la expropiación, que oscilan entre los 2.400 y los 180.000 euros.
Apenas dos meses después, las casas estaban de nuevo ocupadas por personas que habían entrado a la fuerza en las viviendas que se habían tapiado para evitar que esto sucediera. Atado legalmente de pies y manos, el consistorio inicia un expediente administrativo para pedir el desahucio por vía judicial ante el juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Palma.
La sentencia llegó finalmente el pasado mes de enero. La justicia daba cuatro meses al Ayuntamiento de Eivissa para ordenar el desalojo y se fijaron los días 26 y 27 de abril para llevarlo a cabo aunque solo de forma parcial. Iniciados los trámites judiciales, otras seis viviendas del bloque fueron ocupadas, aunque la sentencia para poder vaciarlo por completo llegó el jueves y los trámites serán más rápidos de lo previsto.
La intención del actual equipo de gobierno es empezar a rehabilitar el edificio en cuanto tengan el visto bueno de los juzgados. En el mejor de los casos, siempre que no se vuelvan a ocupar las casas, las obras en la manzana podrida de Sa Penya empezarán en unos meses. Solo el tiempo dirá si esta ocasión es la definitiva para recuperar este antiguo barrio de pescadores, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Eivissa, y conseguir que los ciudadanos vuelvan a pasear por sus calles.
Los planes de Sa Penya
2007
Un ambicioso proyecto para construir viviendas protegidas
La nueva alcaldesa de Vila, Lurdes Costa, señala Sa Penya como una de sus máximas prioridades. El ambicioso Plan Municipal de Vivienda planea construir casas protegidas en el barrio. Se crea el Registro Municipal de Solares para obligar a los propietarios de las viviendas de Sa Penya a reformarlas. Se calcula que el 45 por ciento de los edificios están en ruina técnica.
2009
Comienzan los trámites para expropiar el conflictivo bloque
El ayuntamiento inicia los trámites para expropiar la manzana más conflictiva del barrio. Crea una nueva unidad de actuación, la célebre UA27, para poder expropiar las 44 infraviviendas ubicadas en las calles Alt y Retir, donde viven entre 50 y 60 personas. El Ayuntamiento prevé la construcción de 15 viviendas protegidas en este espacio y un centro cívico.
2011
Nuevas dificultades evitan la demolición de las viviendas
El Ayuntamiento confía en poder desalojar a las familias que ocupan las viviendas antes del verano. Sin embargo, surge un nuevo contratiempo. Un estudio de Patrimonio pide que se conserven las viviendas que se pretendían demoler para convertirlas en pisos protegidos. Se obliga a respetar las parcelas y devolver las viviendas a su tamaño original.
2013
Fracasa el primer desalojo y vuelven a ocupar las casas
Los vecinos de la UA27 reciben la notificación de que las viviendas que ocupan son de propiedad municipal y, por tanto, deben abandonarlas. Los vecinos se niegan y el Ayuntamiento decide tapiar las casas para evitar que entren aunque vuelven a estar ocupadas en pocos meses. El consistorio solicita por vía judicial permiso para desahuciar a estas personas.