María Antònia Munar afronta esta mañana el juicio por el ‘caso Can Domenge' ante un jurado popular. Junto a ella se sentarán en el banquillo otras cuatro personas: el exvicepresidente del Consell, Miquel Nadal, el exconseller Bartomeu Vicens, el empresario Román Sanahuja y el intermediario Miquel Llinás, ‘Cameta'. Todos ellos han reconocido los hechos y aceptan la pena que les solicita la Fiscalía, de un año y diez meses en los caso de Nadal y 18 meses en el de Vicens. De esta manera, la expresidenta del Parlament afronta el procedimiento en solitario.
Las negociaciones entre su defensa y Anticorrupción que se han desarrollado en las últimas semanas se rompieron hace días ante las discrepancias por la pena a imponer, tanto de cárcel como de multa. De esta manera, salvo un acuerdo de última hora, Munar tendrá que declarar sobre si cobró o no un soborno a cambio de la adjudicación de Can Domenge. La Fiscalía le reclama cuatro años de prisión y siete millones de multa. Además, sobre el resultado decidirá un jurado popular. Es la segunda vez que un grupo de ciudadanos deciden sobre una causa por corrupción, tras la condena a Matas por los pagos de un hotelero a su mujer. El jurado decidirá sobre la pena y será la presidenta del tribunal, Rocío Martín, quien decida la pena.
La expresidenta del Consell declarará la primera y es probable que acepte los hechos. Su defensa intentaría que el jurado reconociera varios atenuantes para rebajar la pena.
La vista es la segunda parte del proceso por la adjudicación de la finca de ‘Can Domenge' a Sacresa. En 2013 la Audiencia ya condenó a Munar, Nadal, Vicens y Sanahuja por fraude a la administración por cómo se realizó la adjudicación. Días antes de que arrancara aquel juicio, Bartomeu Vicens, confesó que había existido un pago de cuatro millones de euros por parte de la empresa para conseguir la adjudicación. Sanahuja, Llinás y Nadal también admitieron la existencia de este pago. A partir de ahí se inició este procedimiento. Munar fue condenada a seis meses en el primer juicio del ‘caso Can Domenge' y suma ahora once años y medio en condenas firmes. En el anterior juicio al que compareció, por la contratación de personal de UM, ya reconoció el delito.