Las tres cooperativas agrícolas de la isla de Ibiza (Agroeivissa, Cooperativa de Sant Antoni y Cooperativa de Santa Eulària) han criticado con dureza la norma territorial cautelar aprobada por el Consell d'Eivissa que limita la construcción en suelo rústico. Para estas entidades las medidas recogidas en esta reforma del Plan Territorial Insular (PTI) «son completamente contrarias a las medidas de fomento de la actividad agraria para el mantenimiento del paisaje y la cultura y patrimonio rural».
Según se desprende de las alegaciones presentadas por las cooperativas, esta normativa «tiene un visión urbanista del medio rural», que se contempla como «un mero escenario paisajístico al que aplicar medidas puramente estéticas». En este sentido, los cooperativistas agrarios sostienen que con esta nueva normativa «se conseguirá el abandono de las explotaciones agrícolas por la imposibilidad del ejercicio de la actividad agraria como medio de vida».
En cuanto a las condiciones de edificación en suelo rústico las cooperativas piden que en la normativa se distinga entre viviendas de explotación agraria y viviendas destinadas a uso residencial o no agrario. En este sentido alegan que para las explotaciones agrarias los anexos para su actividad económica no computen para la aplicación de los parámetros de edificación y explican que puede darse el caso en el que un agricultor ya disponga de vivienda y se encuentre con que no puede construir las instalaciones para su actividad agraria por culpa de estos parámetros. O la situación contraria: que un agricultor disponga de una explotación que cuente con instalaciones agrícolas pero que su volumen le impida edificar una vivienda. También solicitan que la construcción de nuevas viviendas no agrarias en suelo rústico se vincule al cultivo permanente de la finca.
Las cooperativas también defienden que en el caso de segregación de fincas, se pueda construir una vivienda, en el caso de donaciones, si la vinculación es por relación de parentesco y no sólo de padres a hijos, como figura ahora en la norma cautelar; mientras que son partidarios de que las explotaciones agrarias estén exentas de la aplicación de las medidas de integración paisajísticas como el mantenimiento de las masas boscosas para minimizar la extensión de incendios, la recuperación y mantenimientos de todos los elementos de valor etnográfico existentes en la finca o la eliminación de vallados y muros construidos sin seguir los sistemas y materiales tradicionales.
Tampoco están de acuerdo los agricultores con que los cerramientos tengan una altura máxima de un metro. «Esta medida va en contra de cualquier actividad agraria. Con estos cerramientos el agricultor queda completamente indefenso ante los posibles hurtos y agresiones de su vivienda y de su explotación, por lo que una vez más se le desprotege relegándole a ser ciudadano de segunda», apuntan las alegaciones de las cooperativas.