El Consell d'Eivissa ha recibido un total de 2.453 alegaciones a la norma territorial cautelar aprobada el pasado 30 de noviembre y, según anunció ayer la máxima institución, ya iniciado el proceso de revisión de los 45 documentos.
La norma, que regirá durante un máximo de tres años o hasta la aprobación inicial de la modificación del Plan Territorial Insular, incluye ocho artículos con medidas sobre la edificabilidad en suelo rústico o segregaciones.
El Consell destacó ayer en su informe que, tras un primer análisis por parte de los servicios técnicos del Departamento de Territorio, se desprende que hay dos tipos de alegaciones. Una de ellas, las de fondo, tiene como objetivo mejorar la norma con propuestas concretas, mientras, las de forma, se limitan a usar una argumentación jurídica para desautorizar la aprobación sin realizar aportaciones sobre el contenido.
Comienza el análisis
La institución explicó que del primer bloque se han contabilizado 34 documentos que ya se están analizando. La consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, consideró que algunas alegaciones entran en el fondo del contenido de la norma con aportaciones en positivo «que podrán ser tenidas en cuenta, ya que su objetivo es mejorarla, que es el sentido del periodo de información pública».
Marí se refirió a las alegaciones relacionadas con las actividades agrarias y de mantenimiento del territorio, que «deben ser la prioridad en la gestión del suelo rústico» frente a los «usos urbanísticos especulativos» que debía fomentar la anterior normativa.
Del bloque de alegaciones que desautoriza la aprobación, según el Consell se han registrado 11 modelos. De ellos, hay dos tipos usados mayoritariamente por los ciudadanos. Así, según el Consell, 1.465 personas han alegado acogiéndose a uno de esos modelos y 879 personas han usado otro modelo distinto, lo que supone un 95 por ciento de entre los 2.453 documentos registrados.
Marí mostró su «decepción» por el hecho de que el Partido Popular no haya presentado alegaciones sobre el fondo de la norma, sino únicamente sobre la forma de aprobación «limitándose a desautorizarla con argumentos técnicos y jurídicos».
«No entrar en el debate político sobre el contenido de la norma territorial supone, en la práctica, que el grupo del PP renuncie al diálogo y a debatir sobre los parámetros que deben tener las edificaciones en suelo rústico», explicó.
La consellera lamentó que «la ciudadanía de Ibiza se ha quedado sin saber qué modelo propone el PP» y criticó que en sus alegaciones «no han dicho si están en contra o a favor de evitar construcciones de grandes mansiones, edificar en terrenos protegidos y zonas boscosas, qué parámetros deben tener las edificaciones o si se está de acuerdo en limitar con motivos hereditarios la obtención de derechos edificatorios en fincas segregadas».