Alrededor de 50 personas se dieron cita ayer por la tarde en el parque de la Pau para protestar por los alquileres abusivos y los realquileres de vivienda. El objetivo de la convocatoria era celebrar una reunión para concretar las medidas a tomar por la situación «sangrante» que se está viviendo en Ibiza por los precios de los alquileres de pisos y que está obligando a familias residentes a marcharse a otros lugares porque el acceso a una vivienda, hoy por hoy, les está vetado. Y en lo que sí estuvieron de acuerdo todos los asistentes es en la necesidad de que la protesta se traslade a la calle «cuanto antes». «Esto va a reventar este verano», aseguraban.
Acciones
Los asistentes, la mayoría ciudadanos anónimos e independientes, estuvieron apoyados por integrantes de la PAH, (Plataforma Afectados por las Hipotecas). Su portavoz, Coque Ruiz, reiteró su apoyo tanto a la Plataforma de Afectados por los Alquileres como a los particulares. Los ciudadanos, que convocaron la reunión a través de las redes sociales y por Whatssap, habían elaborado un escrito en el que solicitan a la Delegación del Gobierno el permiso para manifestarse «por la indignación de la sociedad Pitiusa por la falta de vivienda de alquiler a precios razonables, la especulación de las rentas inmobiliarias, la falta de vivienda social y la inacción de las Administraciones Públicas». La fecha para la primera movilización se podría concretar en un principio, para finales de este mes.
El objetivo de tal manifestación, según se refleja en el documento de solicitud, es instar a que se prohíban y se persigan los alquileres turísticos en zonas residenciales. Además, se solicita «la habilitación de un espacio público para la gente que vive actualmente en la calle y que se sancione y se prohíba con multas ejemplares el subarriendo y a las empresas intermediarias, que han creado la burbuja inmobiliaria».
Los congregados ayer pedirán en la calle que los contratos de alquiler tengan una duración mínima de un mes y que no se permita la existencia de viviendas vacías de más de 6 meses. Asimismo, solicitarán la creación de una oficina pública que atienda las denuncias de alquileres ilegales en contacto con Hacienda y de un registro de inquilinos problemáticos y otro de intermediarios fiables.
Algunos de los convocantes de la protesta de ayer han sufrido y sufren los efectos de «esta burbuja». Es el caso de José Manuel Bermudez que el año pasado en pleno mes de agosto se quedó en la calle con un trabajo que no podía dejar. El único cobijo que encontró fue el albergue municipal de Ibiza «donde he conocido a gente muy buena», aseguraba, «nada de lo que dicen ahora los vecinos que no quieren el albergue en su barrio; ninguno de mis compañeros era alcohólico ni drogadicto, como sí ocurre en el comedor de Cáritas», apostilló. La situación de José Manuel se solucionó en dos meses «porque una amiga alquiló una casa y estoy en una habitación por 400 euros, pero en agosto pasado fue imposible encontrar nada», concluyó, presentando el escrito a debate a los demás asistentes.