La investigación policial en torno a la presunta trama de adjudicaciones de contratos por parte de instituciones gobernadas por Més a su exjefe de campaña, Jaume Garau (en la imagen), localiza indicios que podrían conllevar delitos penales. La Unidad de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía ha encontrado nuevos contratos con empresas vinculadas a Jaume Garau.
Según fuentes judiciales, las adjudicaciones que están siendo investigadas hasta la fecha corresponden a cuatro contratos de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports; uno del antiguo Institut d'Estudis Baleàrics (ahora denominado Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears); uno de la Conselleria de Turisme; uno de Fogaiba, uno en un organismo ascrito a la Conselleria d'Agricultura y dos del Ajuntament de Palma (ponencias y un proyecto para la gestión de fondos europeos), todo ello por un montante de más de 174.000 euros. La policía comenzará a citar en breve tanto a los responsables de la contratación como los beneficiarios. Esto significará que muchas de las personas que vayan a declarar lo harán en calidad de investigados. Si Barceló es imputado, deberá dimitir como vicepresidente del Govern, si bien la causa deberá ser trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Balears por la condición de aforado del dirigente de Més.
Mientras tanto, sigue sin aclararse los motivos por los cuales el Consell de Formentera se gastó algo más de 100.000 euros en estudios a través de la empresa de Jaume Garau. El Consell hizo una escueta nota cuando este periódico desveló la existencia de los estudios, pero para la oposición es insuficiente. El PP ha solicitado la comparecencia del presidente del Consell, Jaume Ferrer, para que dé más detalles de dichos contratos. A través de las redes sociales, la diputada Silvia Tur descarta relación entre los estudios del Consell y los encargados por los departamentos de Més.