Esta es la segunda legislatura de Mariano Juan Colomar (Santa Eulària, 1982) al frente del departamento de urbanismo y actividades de la Villa del Río. Este joven licenciado en Derecho es una de las grandes promesas del PP ibicenco y su carrera política no ha hecho nada más que empezar.
—Todavía no tengo claro si ya está en marcha la desaladora de Santa Eulària. Acláremelo.
—No, está en disposición de servir agua, según nos dice el Govern. Estamos a la espera de que Abaqua nos envíe el convenio que anunció hace un mes en una nota de prensa. Lo tenemos que firmar para poder comprar agua. Nos dijeron que el agua para Santa Gertrudis y Puig d'en Valls sería a precio de las desaladoras de Vila y Sant Antoni, y que el agua para Santa Eulària y Roca Llisa tendría un precio provisional muy económico de 0,75 €/m3 porque el Govern sólo paga el mantenimiento de la desaladora.
—¿Los vecinos notarán en la factura que reciben agua desalada?
—Hay que partir de la premisa que el agua desalada es más cara que la de pozo, que cae del cielo y sólo nos cuesta transportarla. El agua desalada será más cara pero también será plenamente potable. Tenemos problemas de sanidad en Sant Carles por arsénico, y por cloruros y sulfatos en Santa Gertrudis, Jesús y Puig d'en Valls. En Santa Eulària no hay problemas sanitarios pero el agua tiene mucha cal. Los ciudadanos de Santa Eulària lo notarán cuando hagamos la revisión de tarifas y sepamos el precio definitivo que Abaqua pondrá a todos los municipios cuando la interconexión esté completada. Ahora se está haciendo el estudio tarifario y creo que a mediados del año que viene tendrán una tarifa aprobada para vender el agua a los ayuntamientos. Mientras, el Ayuntamiento de Santa Eulària servirá agua desalada sin aumentar el precio porque nuestra capacidad económica nos permite asumir este sobrecoste. Esperamos recibir agua pronto, el núcleo de Santa Eulària será lo más inmediato, mientras que Roca Llisa tardará uno o dos meses porque el Govern nos tiene que dar la autorización sanitaria de la tubería. Y Santa Gertrudis y Puig d'en Valls estamos a la espera de saber cuántos metros cúbicos nos servirán. Nos dijeron que nos darían 60 m3/día para Santa Gertrudis pero nosotros necesitamos como mínimo 300 m3/día para que sanitariamente cumplamos los parámetros. El alcalde ha solicitado una cita con el gerente de Abaqua para negociar una cantidad más grande de agua para Santa Eulària para que sea completamente potable.
—Ustedes están construyendo la conocida como arteria norte para que el agua desalada llegue a los núcleos turísticos más septentrionales. ¿Cuándo llegará agua desalada a estas zonas?
—La estamos ejecutando en tres fases. Hemos hecho la primera que va a Sant Carles, es Canar, Cala Mestella y La Joya. La segunda la está construyendo una empresa hotelera porque es para suministrar agua a sus instalaciones en es Figueral, y la tercera el Ayuntamiento ya ha aprobado el pliego de cláusulas para conectarla a la primera fase, que está en pruebas sanitarias. Este invierno se podrá suministrar agua desalada a toda la zona norte de la fase uno y esperamos que en verano se pueda suministrar a es Figueral.
—¿Cómo llevan el proyecto de municipalización de la red de agua?
—Es un proyecto muy complejo porque hablamos de 125 kilómetros de tuberías que tenemos que municipalizar. En 2007 convertimos en públicas todas las redes de grandes suministradores y sólo dejamos Aguas Torrent des Fornàs, que suministra a Puig d'en Valls y una parte de Jesús, y unos pequeñitos en s'Argamassa y es Canar, que entran en esta segunda fase. Tenemos que analizar tramo por tramo el estado de las tuberías para no pagar más de lo que cuestan. Tenemos un ingeniero a tiempo completo en este tema haciendo valoraciones de los suministradores y en un par de meses podremos tener una oferta para los propietarios. Si la aceptan firmaremos las escrituras y si no, expropiaremos al precio que toque.
—La semana pasada se han puesto de manifiesto las diferencias entre Consell y Govern sobre quién tiene que pagar los 170.000 euros que ustedes reclaman por la gestión de los lodos de la depuradora de Santa Eulària. ¿Tienen más claro a quién tienen que pedirles el dinero?
—Ya nos da igual a quién se lo tengamos que pedir, sólo queremos que se nos pague lo que se nos debe. Desde 2015 gestionamos los lodos de la depuradora porque considerábamos que el Govern no los gestionaba como tocaba. En verano la depuradora está colapsada y provoca que los lodos se tengan que sacar más a menudo para que funcione mejor, y por eso nos ofrecimos a sacar los lodos y tratarlos para hacer compost, una medida más barata que llevarlos a Valencia. Nos hemos gastado 170.000 euros y todo han sido buenas palabras pero no ha habido nada más. Esto es un pim pam pum entre el Govern y el Consell. Aquí hay alguien que se equivoca o que miente. Lo claro es que el Ayuntamiento de Santa Eulària era el único que no tenía que gestionar los fangos y somos los únicos a los que han demandado. Es una vergüenza y una muestra más de cómo funcionan el Consell y el Govern y de lo alejados que están de los ciudadanos. Había un problema enorme de sanidad pública porque los gases que salían de la depuradora eran peligrosos y nos pusimos manos a la obra para solucionarlo a pesar de no tener ninguna competencia. Lo que queremos es que se devuelva este dinero a los ciudadanos de Santa Eulària, que ya están pagando en sus facturas del agua al Govern balear el tratamiento de los fangos.
—¿Esperan cobrar esta legislatura?
—Sí, desde luego. Si no sería inaceptable y un fracaso personal por parte del presidente del Consell, que se comprometió a que esto se arreglaría.
—¿Han encontrado solar para la construcción de un nuevo colegio en Santa Eulària?
—Esto es como apostar a la lotería. Es inexplicable que se tarden más de ocho años para empezar unas obras para desdoblar media carretera. Da vergüenza explicarlo. Algo falla y no sé si es en las leyes o en el Consell, no es normal. Podría entender que hubiera problemas y retrasos en las obras, pero ocho años de papeleo es inaceptable. No puedo más que exigir que empiecen. Es una cuestión de seguridad y también económica, porque la carretera está asfixiando al sector turístico de Santa Eulària. Tenemos quejas del sector hotelero que nos dicen que los turistas no quieren venir a Santa Eulària porque los atascos son insoportables. No es una cuestión de comodidad ni de capricho sino de seguridad y de asfixia económica. Me da igual si empiezan este año porque ya llegamos seis años tarde.
—Viendo los precedentes con la travesía de Jesús no sé si está preocupado.
—Da miedo. Lo que ha pasado en Jesús y lo que ha sufrido el pueblo por la negligencia en el seguimiento de la obra no tiene nombre. Se puede entender que se encuentren restos arqueológicos pero todos los que hemos estado allí vigilándola sabemos lo que ha pasado. La carretera se ha hundido porque se asfaltó corriendo y de mala manera para evitar una concentración a las puertas del Consell. Y esto es una negligencia absoluta. Quiero recordar que hay informes de técnicos independientes contratados por el Consell que dicen que ha habido una falta de seguimiento porque la constructora ha utilizado materiales incorrectos y que no estaban en el proyecto. Y esto los vecinos de Jesús tardarán mucho tiempo en olvidarlo.
—¿Cómo ha afectado a su municipio la norma cautelar aprobada por el Consell que limita la construcción en suelo rústico?
—Siempre hemos defendido que no se puede imponer un modelo territorial. El PTI se aprobó en 2005 y dice que en diez años se tenía que revisar. Lo que se ha hecho es una modificación del PTI vía norma territorial cautelar sin hablar con nadie. Como ayuntamiento se nos citó el día antes de su aprobación y se nos dijo lo que el decreto diría, y como partido ni se nos ha citado ni se nos ha explicado. Luego se extrañan que haya habido 2.500 alegaciones, no promovidas por el PP sino por colectivos afectados directamente. El PTI hay que adaptarlo y primero hay que hacer un diagnóstico de cómo ha funcionado, luego hay que ver qué soluciones aplicamos a los problemas detectados y después nos reunimos todos y escogemos cuáles son las soluciones más adecuadas. Aquí no se ha hecho nada de esto. Estoy seguro que lo que han hecho es la modificación que querían hacer del PTI y que el diagnóstico que quieren hacer ahora dentro de un año no harán nada. ¿Cómo ha afectado a la gente? Pues ya hay recursos contenciosos–administrativos contra el Consell por parte de gente que se le ha suspendido su procedimiento por la moratoria.
—Se supone que se está trabajando en la elaboración de un nuevo PTI. ¿Hacia dónde cree que debe encaminarse la política territorial de la isla?
—En política territorial tenemos que abandonar la dinámica del péndulo que cuando gobierna uno se aprueban unas leyes y cuando lo hace el otro se aprueban otras. Hay quienes piensan, como Podemos, que el campo sólo tiene que servir para plantar patatas mientras que otros creen que en su casa pueden hacer lo que les dé la gana. Pues yo creo que ni una cosa ni otra y que hay que huir de los dogmatismos ideológicos y, para ello, necesitamos un diagnóstico real. Aquí se ha hecho una norma territorial cautelar y se hará un PTI pactado en un despacho para mantener las sillas algunos partidos. Y esto es triste.
—Santa Eulària ha prohibido los pisos turísticos en su planeamiento urbanístico. ¿Cómo piensa controlarlos? ¿Tiene suficientes herramientas?
—Lo que estaba claro es que con la normativa de antes no teníamos herramientas y hasta hace un mes el único competente para limitar y cerrar los pisos turísticos ilegales, que son un cáncer para el modelo turístico de nuestra isla y al derecho a la vivienda, era el Consell y ya hemos visto su absoluta inoperancia e ineficacia. Ahora tenemos un departamento de infracciones que puede actuar y está viniendo gente a informarse porque en el Consell no le hacen caso y se encuentran desamparados. Informaremos a las comunidades de propietarios y a las inmobiliarias de lo que se puede o no hacer según la normativa y nadie podrá decir que no está avisado. Además, el departamento de infracciones y la Policía están elaborando un protocolo para determinar qué ítems tienen que inspeccionar para detectar si se hace un uso turístico o no en un piso. Y actuaremos vía sancionadora o precintando pisos.
—¿Habrá planta asfáltica en la cantera de ses Planes? ¿Otorgarán la licencia?
—Las licencias son regladas: si se cumplen los requisitos estamos obligados a darlas y si no, estamos obligadas a denegarlas. Cuando tengamos los informes podremos responder a esta pregunta. En este momento tenemos una licencia dada por el departamento de Industria del Govern con muchas condiciones, algunas de las cuales vienen de la Comisión balear de Medi Ambient. Y ahora nos toca comprobar si este proyecto cumple estas prescripciones del Govern. Nosotros sólo podemos poner nuevas obligaciones sobre cuestiones de competencia municipal, y en suelo rústico y en una cantera hay muy pocas. No es una cuestión de voluntad política. Políticamente sería mucho más cómodo denegar la licencia pero no se trata de ser arbitrario, se nos paga por respetar la ley y los derechos de la gente.