Agentes de la Policía Local de Sant Antoni han presentado un escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento en el que solicitan explicaciones por la presencia de unas cámaras de videovigilancia en la entrada del retén que graban imagen y sonido, un hecho que, según la normativa, debería estar señalizado con un cartel.
Desde el equipo de Gobierno, la concejal de Governació, Aída Alcaraz, achacó la situación a un error de la empresa instaladora del sistema de cámaras y afirmó que han dado instrucciones para el «cese inmediato» de cualquier grabación.
La presencia de este dispositivo ha causado un «gran malestar» en el seno de la plantilla de agentes de la Policía Local, ya que advierten que la grabación de audio puede suponer una intromisión en el ámbito personal, al poder registrar conversaciones de índole privado entre los agentes y también conversaciones de usuarios que se encuentren haciendo una gestión en la entrada del retén de la Policía Local de Sant Antoni.
Los agentes denuncian que en la zona se advierte la instalación de cámaras, pero no se específica la captación de sonidos, un hecho que por Ley también debe estar indicado.
Reclamación al Ayuntamiento
Ante esta tesitura, los agentes han presentado a través de la Junta de Personal un escrito en el que solicitan ser informados sobre la fecha en la que fue instalado este sistema de videovigilancia, porqué el mismo no está indicado con los carteles informativos correspondientes por normativa, así como qué uso se le está dando a estas grabaciones.
A la espera de una respuesta por parte del Consistorio, los agentes hacen hincapié en que las grabaciones «son poco éticas» y podrían ser irregulares ya que, según han comprobado, tampoco se ha abierto el pertinente fichero en la Agencia Española de Protección de Datos. «Ahí ya habría una primera irregularidad», señalan las fuentes consultadas por este medio, que resaltan que la Agencia debe tener constancia de cuantas cámaras haya instaladas y que las grabaciones deben ir a un archivo.
LA NOTA
«La gestión de las cámaras es exclusiva de la Policía, no de políticos»
La concejal de Governació, Aída Alcaraz, explicó que el miércoles, tras tener conocimiento de esta queja, desde su concejalía y Alcaldía reclamaron al departamento de Informática toda la información sobre este caso y dieron instrucciones para «cesar inmediatamente las grabaciones, en el supuesto de que estas se estén realizando».
Alcaraz apuntó que según las primeras indagaciones, la situación se debe «a un error por parte de la empresa instaladora de las cámaras».
Asimismo, hizo hincapié en que el sistema de videovigilancia ya estaba anteriormente y que se limitaron a cambiar las viejas cámaras, que estaban averiadas, por unas nuevas.
Alcaraz insistió en que el caso está en manos del responsable de Informática y Comunicación del Ayuntamiento y apostilló que, en cualquier caso, «las cámaras son de uso y gestión exclusiva de la Policía, no de políticos».