La Federación Socialista de Ibiza reclamó ayer la derogación de la normativa sobre racionalización y sostenibilidad de la administración local, conocida como Ley Montoro, y calificó de «insuficientes» las rebajas anunciadas por el ministro de Hacienda.
Los alcaldes anunciaron que los socialistas de Ibiza llevarán este tema a los plenos de las instituciones de la isla para «visibilizar el malestar» existente ante los «continuos» recortes del PP en las competencias municipales. Así, denunciaron que el Ayuntamiento de Eivissa tiene deuda cero, un superávit de 10 millones y un acumulado de 20 millones de euros.
El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, aseguró que la «carencia» de personal en el Consistorio es «grave» y se necesitarían, por lo menos, 15 policías y 15 funcionarios más. También criticó la «persecución continua de la Delegación del Gobierno en Balears, el brazo armado del PP».
«No hablamos solo de alcaldes y presidentes socialistas, también los alcaldes y presidentes del PP están muy molestos y no lo esconden», aseguró por su parte el secretario general de la FSE y presidente del Consell, Vicent Torres, quien reveló que el Consell tiene un superávit de 45 millones y un remanente de 2017 de 22 millones.
«Sin capacidad para contratar personal, administraciones como el Consell, que es básicamente una administración de servicios, tiene muy difícil atender las necesidades de la ciudadanía», explicó.
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, denunció que el Estado «tiene los ayuntamientos intervenidos» y desde Sant Antoni criticaron que la Ley Montoro impide la contratación de más agentes o técnicos para Urbanismo, obligando a externalizar servicios.