El entramado societario detectado por el SOIB en torno al actual concejal de Hisenda del Ayuntamiento de Eivissa, Alfonso Molina, no solo hinchó los costes del personal de los cursos de formación a parados entre 2009 y 2011, como si fuera «una ETT». También lo hizo con el material didáctico y con el local donde se llevaron a cabo los cursos subvencionados por el SOIB. Este es el motivo por el cual el conseller de Treball, Comerç i Industria del Govern, el socialista Iago Negueruela, reclama a Molina la devolución de 20,769,60 euros adelantados en su día por el Govern, más 6.363,54 euros de intereses. Un total de 27,133,14 euros que no consta que Molina haya reintegrado pese a que la reclamación -que agota la vía administrativa- es del 11 de diciembre del año pasado y el plazo otorgado para pagar ya se ha agotado.
Tampoco ha sido posible, pese a la insistencia con que este periódico lo ha intentado por todos los medios, contactar con el edil para recabar su versión o saber si ha presentado recurso contencioso administrativo ante los tribunales, aunque el plazo para interponerlo también venció hace semanas.
Libros y material
La empresa de Alfonso Molina encargada de impartir los cursos a parados que subvencionó el SOIB, Serviconsult Training and Development SL, hinchó el precio de los libros suministrados y que compraba a Asesoría de Servicios Ibiza SL, otra empresa del entramado societario del concejal socialista.
El Servei d'Ocupació determina que en uno de los cursos, se compra un manual de informática (Office 2003 de la editorial Gesfomedia) a 38 euros cuando «este mismo libro se puede adquirir en el mercado por solo 9,39 euros», según el SOIB. Es decir, un sobrecoste del 404 por ciento sobre el precio de mercado.
Otro de los libros, en este caso de inglés (Pack New English File Pre-intermediate), suministrado en los cursos a un precio que oscilaba entre los 61,64 y los 69,90 euros, según el SOIB tenía un precio real de 42,21 euros. Casos similares se relatan con ocho libros más que el SOIB analizó detectando un sobrecoste que beneficiaba a las empresas de Molina.
Alquiler de local
El informe del SOIB destaca que la entidad beneficiaria de las subvenciones no dispone en propiedad del local y, por tanto, imparte los cursos en un inmueble alquilado. «Se han detectado una serie de indicios que inducen a pensar en la aplicación de un sobrecoste en la factura de alquiler relacionado con una vinculación o concurrencia de intereses comerciales y el arrendador (Asesoría y Servicios Ibiza SL)», apunta el SOIB. Así dicha empresa, de la que Molina era administrador único, además de suministrar la mayoría del material didáctico, es la misma que alquila el local a Serviconsult, también del actual primer teniente de alcalde de Ibiza.
Al analizar los costes de alquiler el SOIB destaca «a parte de la reiterada vinculación con la entidad beneficiaria», que el contrato de alquiler se hace cada año con una vigencia de 12 meses «y al finalizar, se subscribe otro por el nuevo periodo». Y continúa: «El hecho de que sea un contrato por 12 meses no cuadra con el hecho que se haya declarado a la Agencia Tributaria una cuantía anual equivalente a sólo cinco mensualidades del contrato». Esto lleva al SOIB a determinar que «existen discrepancias entre las percepciones totales declaradas a la hacienda pública y las que por contrato anual se deberían haber pagado». Además, dado que se desconoce si Asesoría y Servicios Ibiza es la propietaria del inmueble, el SOIB sospecha que «nos encontramos ante un subarrendamiento que, dada la vinculación entre ambas entidades, solo serviría para incrementar el coste del alquiler».
Sobrecostes
El SOIB en su extenso informe concluye que todos los cursos subvencionados a Serviconsult «presentan un método de ejecución sistemático y recurrente que consiste en formalizar un contrato de servicio externo docente con una empresa vinculada o con intereses comerciales comunes». Así, se relata que nunca contratan de forma directa a los profesores, sino que se interponen intermediarias. «El servicio de docencia contratado es presumiblemente ficticio o simulado, dado que los propios beneficiaros podrían haber contratado a los docentes», sentencia el SOIB.
Además, «se pone de manifiesto la concertación de otros servicios y entidades vinculadas a la ejecución de las acciones, tales como compra de materiales o medios didácticos o el alquiler de instalaciones. Esta concertación de servicios podría derivar también en un sobrecoste ficticio imputado a las subvenciones concedidas».
Finalmente, el SOIB estima que a nivel cuantitativo «no puede estimar la magnitud de este sobrecoste dada la falta de información y herramientas a su disposición».