Alfonso Molina, primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Administración Municipal del Ayuntamiento de Ibiza, aseguró ayer en una entrevista en Radio Ibiza que todo lo que hizo su empresa «se hizo de acuerdo con el marco legal y con el modo de funcionamiento habitual que se estaba desarrollando». En este sentido, explicó que hubo un «cambio de criterio» por parte de la Conselleria de Treball, sobre cómo se estaba gestionando la formación; una situación que, según matizó, no solo afecta a su empresa sino «a muchas de las Islas Baleares». Tal cosa no se ajusta a la realidad porque la normativa aplicable al caso no ha variado ni se han cambiado los criterio por parte del SOIB y, en todo caso, no se acusa a otras entidades de hinchar los costes de los cursos a parados a través de un «entramado societario» para obtener mayor beneficio económico.
El Servei d'Ocupació SOIB reclama a la empresa de Molina, Serviconsult Training and Development S.L., la devolución de 20.769,60 euros más 6.363,54 euros de intereses, un total de 27,133,14 euros, de las subvenciones percibidas por cursos de formación a parados entre 2009 y 2011. En la resolución del conseller de Treball, Comerç i Industria, consta que el concejal no solo infló los costes del personal sino también los costes del material didáctico y del alquiler del local donde se realizaron los cursos subvencionados por el SOIB.
«Es incorrecto. Yo no hinché el coste de profesores ni del local», subrayó Molina quien añadió que «no he tenido ocasión de repasar en concreto ese expediente». Sin embargo no ofreció más explicaciones que su propia palabra, que tampoco resultó nada convincente dada la clamorosa falta de argumentos y pruebas. Argumentó que «se han realizado una serie de cursos, hay una serie de alumnos que han ido a clase y hay profesores que han impartido su formación. Es un juicio de valor lo que dice el informe, eso no es información y defenderé que no es así en la vía administrativa». La resolución del SOIB, sin embargo, es firme y agota la vía administrativa, por lo que solo caben dos recursos: potestativo de reposición ante el conseller de Treball en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución, plazo que ya habría concluido; o un recurso contencioso administrativo para lo que existe un plazo de dos meses desde la notificación, que también se ha agotado. En otros medios locales afirmó que recurrirá «cuando sea el momento», otra falsedad porque el momento ya ha pasado y no puede recurrir en tiempo y forma.
Dudas de los expedientes
Molina reconoció que hay «más» expedientes abiertos por lo que «este expediente en concreto de los 20.000 euros no sé cuál es». «Se han hecho muchos cursos a lo largo del tiempo y sí que ha ocurrido que hemos recibido expedientes de liquidación y se ha liquidado con la Conselleria. Si toca hacerlo se tendrá que hacer, pero sin aceptar en absoluto juicios de valor», dijo. Sin embargo, en otros medios locales descalificó a los funcionarios del Govern al afirmar que el funcionario «no tenía su mejor día». Obvió que no se trata de un informe suscrito por un técnico, sino la resolución final de un expediente que firma el director general d'Ocupació i Economia, Llorenç Pou Garcías, por delegación del conseller de Treball, el también socialista Iago Negueruela.
El concejal de Hacienda no supo o no quiso desvelar la cantidad económica que reclama el SOIB en relación a los expedientes abiertos. «No sé decir, pero una cantidad importante de dinero. Hablamos de cursos de varios años que tienen un valor importante”», admitió.
Entramado societario
Por otra parte, Molina dudó ante la pregunta de cuántas empresas tiene a su nombre. «Igual he tenido 10 empresas en total si las sumamos todas. Que hayan trabajado simultáneamente igual cinco o seis, no lo sé». En este sentido, dijo que «dentro de ese relato del horror que se hace, hay empresas que no tienen nada que ver conmigo en las que yo no he estado jamás ni directa ni indirectamente». Sin embargo, no aclaró cuáles son esas empresas.
No dimite
Molina reconoció que «la situación actual no es buena y si tengo que dar un paso atrás lo daré, pero ahora no es el momento».
EL APUNTE
Ha pasado el plazo para recurrir y no ha pagado
⇒ La resolución del SOIB por la que se le reclama la devolución de 27.133,14 euros es «ejecutiva» y reza: «si no se realiza el pago en periodo voluntario se procederá a la exacción del importe de la deuda por la vía ejecutiva de constreñimiento siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento general de Recaudación.
⇒ También establece que se puede interponer contra la resolución un recurso postestativo de reposición ante el conseller de Treball, Comerç i Industria, presidente del SOIB, en el plazo de un mes desde la notificación, que ya ha trascurrido sobradamente; o un recurso contencioso administrativo ante el juzgado correspondiente en Palma, en el plazo de dos meses desde la motiviación, plazo más que agotado.