La concejal del Governació y tercera teniente de alcalde de Sant Antoni, Aída Alcaraz, ha llegado hoy a los juzgados de Ibiza minutos antes de las 10.40 horas acompañada por compañeros de la corporación como Pablo Valdés, Antonio Lorenzo, Fran Tienda y Cristina Ribas. Alcaraz comparece nuevamente en sede judicial para dar explicaciones por un presunto caso de acoso laboral ya que ha sido citada para prestar declaración en calidad de investigada a raíz de la querella presentada por un agente de la Policía Local de Sant Antoni a finales de abril.
Entrada a los juzgados de Aída Alcaraz (izquierda). Foto: Daniel Espinosa.
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, admitió a trámite el pasado 2 de mayo la querella y hoy escuchará el testimonio de Alcaraz para declarar como imputada. Es el segundo proceso que tiene abierto la edil de Governació por presuntos casos de acoso en el ámbito laboral.
El pasado 24 de mayo, el agente querellante ratificó la denunció ante la juez instructor. Ese mismo día declararon otros dos funcionarios.
Hostigamiento psicológico
En la denuncia, el agente de la Policía Local que lleva más de 30 años en el cuerpo y es uno de los más veteranos en la plantilla, relata que desde hace dos años «viene siendo objeto de determinadas decisiones adoptadas por la superioridad manifiestamente arbitrarias y que sistemáticamente niegan cualquier petición, tratando de arrinconar al denunciante».
Entrada a los juzgados de Aída Alcaraz acompañada de compañeros de la corporación. Foto: Daniel Espinosa.
El denunciante describe una serie de situaciones que incluyen desde la denegación de días de asuntos propio hasta la negativa a formar parte de la Unidad de Policía Referente, para la que el Ayuntamiento convocó dos plazas. A pesar de que sólo se presentaron él y otro agente, el Ayuntamiento denegó su solicitud alegando «falta de idoneidad y ausencia de datos relativos a formación y méritos». El denunciante resaltó que lleva más de 30 años de servicio y que el Ayuntamiento no cubrió la segunda plaza hasta pasados ochos meses y tras preguntar «agente por agente».
En 2016, «viendo el arrinconamiento y desgaste», el agente denunciante solicitó un traslado acogiéndose a una comisión de servicios en Sant Josep. El Ayuntamiento denegó dicha solicitud alegando «necesidades del servicio» y tan sólo tres meses después sí que otorgó una comisión de servicios a otro agente.