La Secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, aseguró ayer que abordarán junto a las comunidades autónomas y los sectores implicados la regulación del alquiler turístico vacacional con la creación de un registro estatal único de viviendas de uso turístico.
El objetivo, según explicó Oliver, es que las comunidades autónomas tengan una herramienta de regulación para poder controlar el cumplimiento de la normativa en sus territorios.
Oliver inauguró el IV Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza, «un evento muy interesante en estos tiempos», según reconoció. También destacó que en el Gobierno están trabajando en la modificación de leyes estatales, según avanzó en Ibiza.
Así, desde el Ministerio de Fomento se trabaja en la modificación de la Ley de arrendamientos urbanos para definir exactamente qué es el alquiler de temporada; en la Ley de Propiedad horizontal, en el sentido de pasar de la unanimidad para modificar los estatutos de la comunidad a necesitar 3/5 partes, y también se está abordando la modificación de la Ley de la Sociedad de la Información, para dar responsabilidad a las plataformas que actúan como intermediarios en este comercio.
«La nueva situación de las viviendas de uso turístico y su impacto en la sociedad, probablemente es uno de los desafíos que tiene el turismo en España en la actualidad. Un desafío que viene dado por su impacto y la dificultad jurídica a la hora de abordarlo», reflexionó Oliver.
Asimismo, recordó que hasta cinco administraciones públicas tienen competencias en la materia, lo que supone una «cuestión competencial compleja, difícil de gestionar».
«El nuevo Gobierno del Estado quiere abordar esta situación, que antes no había sido abordada y se pasó de perfil sobre una cuestión muy importante para el tema turístico», añadió Oliver.
La Secretaria de Estado recordó que se han celebrado reuniones para abordar la regulación y ver qué se puede aportar desde las Comunidades Autónomas para desarrollar mejor sus competencias en la materia.
«No cabe duda de que se necesita una regulación, un control de las viviendas de uso turístico para dar seguridad a los operantes, a quienes alquilan, seguridad ante lo que uno se puede encontrar, seguridad tributaria», añadió.
Sin querer avanzar fechas, Oliver reiteró que trabajan para encontrar una solución «buena, posible, según cada legislación de las comunidades autónomas en cada territorio» y aseguró que son «conscientes» de la dificultad, aunque ello les hace ser más «persistentes».