La Alianza Mar Blava ha mostrado este miércoles su satisfacción por la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica por la cual se dan por concluidos los procedimientos de las solicitudes para la investigación de hidrocarburos en el golfo de León y se procede al archivo definitivo de esos expedientes.
Según ha recordado la Alianza, se trata de seis de los 12 permisos de investigación de hidrocarburos en el golfo de León solicitados inicialmente por la petrolera escocesa Cairn Energy, y posteriormente por Repsol, cuya superficie de actuación prevista se solapa con la del Corredor de Migración de Cetáceos.
Mar Blava ha reconocido que se satisface «parcialmente» una de sus demandas, aunque ha considerado «necesario» que el Gobierno central apruebe una moratoria de efecto inmediato para la presentación de nuevas solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos o de cualquier otro proyecto con la realización de campañas de adquisición sísmica con cañones de aire comprimido u otras tecnologías lesivas para la fauna marina.
También ha exigido el archivo definitivo de todas las solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos y de todos los proyectos aún en tramitación. En concreto, en el Mediterráneo sigue en tramitación el proyecto de sondeos acústicos Medsalt-2 solicitado por un organismo de Trieste, Italia, en aguas situadas entre Mallorca e Ibiza y Formentera.
Además, se mantiene el proyecto de perforación de pozos de Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. frente a las costas de Tarragona; así como los seis restantes permisos de investigación de hidrocarburos solicitados por Cairn Energy en el golfo de León.
La Alianza Mar Blava ha considerado que estas medidas son «urgentes y necesarias» mientras se tramita en las Cortes Generales una ley que prohíba definitivamente la realización de estas «nocivas» actividades.
Por ahora, ha recordado, la Dirección General de Política Energética y Minas ha procedido a archivar varios expedientes y a declarar las áreas francas y registrables, lo que significa que quedan libres para que otras empresas petroleras puedan solicitar nuevos permisos de investigación de hidrocarburos en esas mismas zonas.