El recurso que Acciona ha interpuesto contra la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni a la empresa castellonense Facsa, una contrata para los próximos 25 años valorada en casi 100 millones de euros (la más elevada adjudicada nunca en el municipio de Portmany), deberá llevarse a pleno para su votación, ya que fue el pleno el que el pasado día 21 de noviembre aprobó la adjudicación definitiva del contrato a Facsa.
Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, el secretario del Ayuntamiento de Sant Antoni ha emitido un informe jurídico por el que plantea la inadmisión del recurso de Acciona, dado que la misma empresa ya habría presentado un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Según el citado informe jurídico, existe una «imposibilidad de que el Ayuntamiento pueda entrar en el fondo del asunto a partir del momento en que se interpuso el recurso especial en materia de contratación, ya que la competencia para ello se ha trasladado a otra Administración». De este modo, el Consistorio eludiría pronunciarse sobre las cuestiones de fondo planteadas en el recurso de Acciona.
Una tránsfuga podría inclinar la balanza
Aunque el equipo de gobierno que lidera el alcalde Josep Tur Cires ya no cuenta con los regidores del PI Joan Ribas y Joan Costa, mantiene en sus filas a la edil tránsfuga Cristina Ribas que el lunes 21 de enero anunció su baja del PI y decidió continuar en el Consistorio como concejala no adscrita, sin abandonar sus cargos en el gobierno municipal. De este modo los seis regidores del PSOE más los cuatro de Reinicia sumarían diez votos. Y con el voto de Ribas se aseguraría la mayoría de once votos del total de 21 concejales que componen el pleno.
Está previsto que el miércoles de la semana próxima se convoque un pleno extraordinario para votar el acuerdo de inadmisión del recurso de Acciona, que previsiblemente saldrá adelante con los votos de los concejales socialistas, los de Reinicia y la edil tránsfuga no adscrita, Cristina Ribas.
Suspensión
El PP de Sant Antoni anunció ayer que pedirá la suspensión de la adjudicación a Facsa «hasta que las resoluciones judiciales sean firmes para evitar indemnizaciones millonarias». Los populares entienden que «hay posibilidades» de que los recursos de Acciona y Aqualia prosperen.
Qué tontería... Da igual lo que éstos voten, lo que dice el secretario es tal cual... El órgano competente ya no son ellos.