La Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Josep lamentó ayer públicamente y a través de un comunicado que el Consell d'Eivissa «insista en seguir con la aprobación de la modificación del PTI sin tener en cuenta la opinión de los afectados». «No sólo sin contar con la participación de ciudadanos y asociaciones sino ignorando de forma flagrante la opinión pública que tan claramente se pronunció en contra de todas estas medidas en la fase de exposición pública de la Norma Territorial Cautelar con más de 2.300 alegaciones en contra y cuyo texto esta modificación del PTI mantiene en sus elementos principales», precisaron desde la asociación.
En este sentido, los propietarios de fincas rústicas afirmaron que continúan esperando que los miembros del equipo de gobierno del Consell d'Eivissa «nos reciban para analizar el resultado de la exposición pública tan claramente contraria a sus pretensiones. Seguimos esperando a que convoquen el Consell Sectorial de Participación Ciudadana, órgano mediante el cual se desarrollaría todo el trabajo de participación pública y consenso». El hecho de que este órgano no se haya convocado demuestra, según la asociación, la «estafa a la ciudadanía que han perpretado los responsables de esta modificación del PTI». Una modificación que «se ha anunciado como puntual para reducir los términos de su tramitación, pero que de puntual no tiene nada porque afecta a todos los elementos básicos del modelo territorial que el PTI original presenta». En este sentido, desde la asociación recordaron que hace tiempo que se debería haber publicado «el anunciado documento de diagnóstico que tanto dinero público ha costado y que no ha servido para legitimar esta modificación del PTI».
Por todo ello, los propietarios de fincas rústicas piden que se desista de llevar a cabo esta modificación del PTI, además que insisten al Consell d'Eivissa en que promueva «la derogación de las disposiciones normativas prohibitivas de ámbito balear que afectan a suelo rústico de Ibiza, volviendo a un marco normativo estable, coherente y que proporcione seguridad jurídica». Y, por último exigen que se inicie un proceso participativo «para que el nuevo modelo territorial resulte con el mayor consenso posible».